Columna publicada el jueves 18 de marzo de 2021 por CNN Chile. Hay algunas ilusiones instaladas en nuestro itinerario constituyente. Una de ellas es que los candidatos independientes serían los únicos autorizados para participar en la Convención, en una lectura forzada de los resultados del plebiscito que excluye casi toda la participación de partidos políticos del proceso. Otra ilusión es la de la transparencia total, pensando que el reglamento de la Convención debe asegurar que todas y cada una de las actuaciones del órgano, comisiones, votaciones, sesiones plenarias y espacios que ésta misma determine deberán ser públicos en cuanto se realicen. En palabras de la candidata del PC, Bárbara Sepúlveda, podemos resumir este argumento en la idea de que la Convención “tenga paredes de cristal”. Las ilusiones de independencia y transparencia se fundan en una desconfianza radical hacia los representantes y, peor aún, hacia la política. Lamentablemente para los puristas, esta es la única actividad que nos permitirá salir de nuestro atolladero. En la versión de la candidata, la transparencia serviría para “trazar una línea entre quienes promovemos las demandas sociales para que estas efectivamente se transformen en una realidad”. Me temo que el asunto es ligeramente más complejo. Veamos. Hay buenos motivos para pensar que la Convención debe tener tanta transparencia como sea posible. Los casos de corrupción en política, incluyendo sobresueldos y financiamiento irregular, exigen un escrutinio mayor de quienes ejercen cargos de representación. Por otra parte, si uno de los objetivos del proceso es relegitimar nuestro alicaído orden político, entonces debiéramos pensar en caminos para que cualquier persona acceda a las discusiones, intentando resucitar el nexo entre instituciones y ciudadanía. Esto, a su vez permitiría una adecuada pedagogía constitucional, a fin de conocer las funciones y límites que tiene una Constitución, todo orientado a un orden que se ajuste a la sociedad chilena, cada vez más compleja en su dinámica y demandas. Por lo demás, una sana democracia tiene en su base una opinión pública autónoma, que observa y participa, para lo cual requiere conocer lo que está sucediendo. Ahora bien, permítanme desconfiar de esa fe absoluta en la transparencia. En un informe reciente, escrito con la abogada Catalina Tagle mostramos que hay varias razones para tomar algo de distancia con esa idea. La primera es proteger a los convencionales de los llamados a “rodear la Convención” que propician algunos actores. Esto, por cierto, incluye al partido de la candidata de la transparencia, que ha sostenido una política poco menos que ambigua con respecto al uso de la violencia como medio lícito para promover agendas. Dados los hechos violentos que hemos observado persistentemente desde octubre de 2019 a la fecha, hay motivos de peso para pensar que el órgano constituyente puede ser objeto de ese asedio. No es descabellado que constituyentes de cualquier bando sean apretados por opiniones discordantes con las de minorías afiebradas. Es importante, por lo tanto, dar certeza a los convencionales de que no serán amenazados por verter opiniones contramayoritarias. Por otra parte, necesitamos crear incentivos e instancias concretas para que los constituyentes hablen con libertad, sobre todo en momentos en los cuales la presión de la opinión pública lo dificulta. En tiempos en los que campea el argumento galuchero para la tribu no está de más desarrollar mecanismos que ayuden a poner la discusión en perspectiva. Conseguir los 2/3 requeridos para tomar decisiones no es tarea fácil, y es poco probable que en el espacio público se den las negociaciones necesarias para lograrlos. En algún momento, todos deberán renunciar a alguna de sus promesas para llegar al cuórum. ¿Habrá algún convencional abierto a reconocer alguna derrota? En cámara, seguro que no. La dinámica de las redes sociales agudiza esta polarización del debate. No olvidemos que decisiones insostenibles en sede técnica –como el retiro del 10% de los ahorros previsionales–, pero altamente populares, volvieron imposible introducir cualquier matiz en el proyecto original. Basta recordar que las sedes de algunos parlamentarios fueron vandalizadas por el mero hecho de expresar que se requerían mecanismos correctivos para limitar los efectos del retiro. A pesar de que el escrutinio público obligará a los convencionales a argumentar para convencer a los demás participantes y a las audiencias, también es un espacio donde el componente espectáculo puede absorber la totalidad de la discusión. Así, los convencionales pueden verse incentivados a mostrar posiciones particularmente radicales, sin una apertura mínima al convencimiento mutuo. Dicho de otra forma, donde debería haber más flexibilidad para comprender los puntos de vista ajenos, y adaptar la posición propia a la discusión conjunta, la transparencia puede lograr el objetivo inverso al propuesto, bloqueando de facto la discusión. Esto fue, de hecho, lo que sucedió en las discusiones constitucionales de España e Irlanda, donde los espacios reservados de diálogo sirvieron como medio para destrabar los desacuerdos. Así las cosas, es razonable que actores disímiles como los constitucionalistas Patricio Zapata y Sebastián Soto, y organismos internacionales como el PNUD, reconozcan la importancia de mecanismos de reserva de algunas discusiones en pos de la consecución de acuerdos. No se trata de un favoritismo por el secreto o la cocina, ni de revivir las añejas lógicas noventeras o dosmileras. Sin embargo, no es posible desconocer la situación paradójica en la que nos encontramos: necesitamos desesperadamente de un diálogo político ponderado, pero las condiciones para ese diálogo son cada vez peores. Aquí nos enfrentamos nuevamente a una de las tantas caricaturas que pueblan nuestra discusión pública: o transparencia o secreto absolutos. Y lo cierto es que hay espacios intermedios, mecanismos que han mostrado ser eficaces para conducir los disensos y permitir los acuerdos. En esto hay variedad de herramientas. Por ejemplo, establecer el embargo de algunas sesiones por períodos limitados de tiempo; que las votaciones (y solo las votaciones) de algunos temas particularmente candentes sean realizadas en urna; sesiones que no sean transmitidas por streaming, pero a las cuales la ciudadanía puede asistir; o sesiones de las cuales se publica la transcripción, evitando el recorte malintencionado para sacar de contexto. Cualquiera de estos mecanismos deberá ser establecido al inicio en el reglamento de la Convención. Cuentas claras conservan la amistad, dicen. Todo esto exige un trabajo intenso de parte de los convencionales, rindiendo cuentas de sus acciones a la ciudadanía que tiende a desconfiar de ellos. Se debe buscar un delicado balance entre acercar las labores deliberativas a la ciudadanía, permitiéndole informarse y fiscalizar a los convencionales y los espacios de negociación entre los distintos intereses y facciones participantes. Aunque a los indignados habitantes de la casa con “paredes de cristal” les disguste, la total transparencia termina por hacer de la desconfianza un valor, poniendo las bases justamente en aquello que debemos reparar.