A ella la llamaremos Ana. Tenía 16 años cuando ingresó a Chile desde Venezuela, con documentos falsos, por pasos no habilitados. Al llegar se dio cuenta de que quienes planificaron su viaje la habían engañado. No iba a trabajar como peluquera ni el viaje era gratis. Estaba capturada por el Tren de Aragua. La obligaban a prostituirse para pagar una “multa” de varios millones por el viaje. Además, debía pagar la “plaza”, un impuesto que la organización cobra por explotar a mujeres en los territorios que controla. La vigilaban por teléfono a toda hora. Cada sábado debía entregar lo adeudado a los recolectores. Trabajaba en jornadas esclavizantes y vivía hacinada.

Ana intentó resistir, trató de rebelarse. Cuando una parte de la célula que la controlaba en Iquique cayó detenida -entre ellos Estrella y Satanás, dos de sus líderes- se fue sola a Santiago. Pero el Tren está compuesto de carros. Ana cargaba con la deuda, y los de Santiago se enteraron. La encontraron y le dijeron que “ellos estaban en todas partes”. Le dieron un balazo en el pie, lo que ellos llaman un patero: así no se daña la mercancía.

Ana no quería hablar. Tenía miedo. “Mana, no le digas nada de lo que me pasó a nadie mana, por favor. A nadie”, le decía a una amiga después del balazo. Pocas víctimas denuncian. Temen ser deportadas, las bandas amenazan con atacar a sus familias en el extranjero y carecen de redes de apoyo. Son mujeres vulnerables e invisibles. 

Pero ese silencio no es sólo de las víctimas. Cuando Ana llegó a Chile, nuestras élites políticas discutían en la Convención Constitucional sobre bicameralismo asimétrico y plurinacionalidad. Mientras muchos imaginaban un Estado nuevo y poderoso, nadie en Santiago advertía las amenazas que llevaban años gestándose. El gobierno, absorbido por la pandemia, apostó todo a cerrar las fronteras, sin notar que las bandas criminales estaban haciendo de los migrantes irregulares una fuente de rentas, pues les cobraban por cruzar, explotaban sexualmente a mujeres y niñas o los usaban para mover droga.

No es sólo un problema de prioridades, sino de distancia. Las élites conocen el país que recorren, y el país que recorren suele ser pequeño: unas pocas comunas de la capital, unos pocos balnearios, unas pocas universidades. Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte o los campamentos de la periferia aparecen en sus conversaciones como cifras, titulares o escándalos, rara vez forman parte de la experiencia vital compartida. Por eso los fenómenos que nacen lejos de su mirada les llegan tarde, cuando ya están consolidados. El Tren de Aragua no apareció de un día para otro, sino que se instaló en los márgenes, donde la mirada del Estado era miope y abundaban migrantes vulnerables, fáciles de captar. ¿Cuántos fenómenos sociales nos estamos perdiendo hoy por no levantar la cabeza?

Y cuando por fin miramos, nos equivocamos de conversación. La seguridad está en el centro de la agenda, pero las discusiones tienden a irse hacia lugares secundarios: si Chile debe imitar a Bukele o si tal o cual reforma puede ser calificada de “iliberal”. Pueden ser disputas legítimas y a veces necesarias, pero no deberían estar en el centro del debate sobre seguridad. La historia de Ana no se resuelve con megacárceles bukelianas ni se explica por el riesgo de un giro autoritario. Lo que faltó fue un Estado capaz de ver que víctimas como ella existían. Mientras discutimos sobre regímenes políticos, se nos escapan preguntas básicas: si el Estado tiene la capacidad de llegar a donde ya llegan las bandas criminales; si el Estado puede volver a legitimar su oferta de bienes públicos y abandonar la relación cada vez más transaccional con los ciudadanos.

Al final, el Estado llegó donde Ana. Cinco años después, quienes la balearon fueron juzgados. Es mérito de policías y fiscales que suelen trabajar lejos de los focos y arriesgando mucho. Pero eso no ha impedido que haya nuevas Anas y nuevos mecanismos para reclutarlas. Según la Defensoría de la Niñez, la tasa total de víctimas de explotación sexual infantil aumentó un 73% entre 2022 y 2024, y la gran mayoría, son adolescentes mujeres de entre 14 y 17 años. El Estado alcanzó a quienes le dispararon. A las nuevas Anas, todavía no.