El trabajo de la Convención Constitucional —complejo, cambiante y de alto componente técnico— corre el riesgo de alejarse de la ciudadanía y de recibir cuestionamientos que socaven gravemente su legitimidad. Para paliar los riesgos mencionados, el proceso requiere transparencia y participación ciudadana. El modo en que sean recogidos estos objetivos en el diseño del proceso constituyente, sobre todo en el reglamento, puede marcar sustancialmente el éxito o fracaso de la Convención. Las normas relativas a la transparencia deberán buscar un delicado equilibrio. Por una parte, serán fundamentales para acercar las labores deliberativas a la ciudadanía, permitiéndole informarse y fiscalizar a los convencionales. Por otra, la Convención precisa de espacios de negociación entre los distintos intereses y facciones participantes.

Estos pactos, por lo demás, serán indispensables para alcanzar el cuórum de dos tercios. Un escrutinio público incesante puede dificultar tales acuerdos y la construcción de mayorías, sobre todo si, además, viene aparejado de amenazas en redes sociales, eventuales funas y otros obstáculos a la labor deliberativa. En palabras de Byung-Chul Han, la transparencia plena es solo atribuible a las máquinas, pues los seres humanos no somos completamente transparentes ni siquiera con nosotros mismos. Como señalaremos más adelante, si bien la transparencia y publicidad de los actos serán esenciales en el proceso constituyente, es poco recomendable proponer una transparencia o publicidad total.

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