Uno de los debates de estas elecciones ha sido el de si la derecha puede ofrecer “gobernabilidad” y “paz social”. El tema lo instaló el propio Presidente Boric, quien afirmó en un programa de televisión, en la época en que todavía aceptaba entrevistas, que la ausencia de protestas durante su mandato no era coincidencia, sino que era fruto de su capacidad política. Esto bien puede tener algo de verdad, pero también levantó dudas: ¿hay menos protestas porque la gente está más satisfecha o porque las organizaciones que normalmente realizan estas manifestaciones son de izquierda, y sólo se movilizan en serio contra gobiernos de signo opuesto? ¿La izquierda ofrece gobernabilidad o extorsiona, cual mafia? Observar los sucesos del año 2018 y 2019 puede darnos algunas pistas.

En mi libro “Dignos: crónica del estallido social” podemos ver antes, durante y después del estallido, a una enorme cantidad de grupos que declaran una causa no partisana, como la protección del medio ambiente, la promoción de los derechos de alguna minoría, la preservación de la memoria histórica, y una serie de otros motivos, haciendo activismo político sin asco alguno, sacando o firmando declaraciones sobre temas no relacionados a su causa y exigiendo cosas como la renuncia del Presidente. Y lo mismo ocurrió, por cierto, con muchos gremios profesionales, partiendo por el Colegio de Profesores.

Entre estas organizaciones, destacan muchas de las vinculadas a sitios de memoria histórica relativos a la dictadura militar. Sus miembros parecen convencidos de que les toca jugar un rol en la política contingente, lo que a ratos los vuelve plataformas de propaganda política de izquierda. El origen de esta confusión, por cierto, es que las víctimas de la dictadura eran, en su mayoría, militantes de izquierda. El problema es que se pierde de vista que la razón por la cual existen estas organizaciones, con amplio financiamiento estatal, es denunciar y documentar el horror de los actos cometidos contra los derechos humanos, y que el problema principal es la violación de esos derechos, y no que las víctimas hayan sido de izquierda. Esta confusión es claramente nociva, como pudimos ver a propósito del caso Isabel Amor. Demasiadas personas parecen convencidas de que la izquierda es dueña de los derechos humanos.

Junto con estas organizaciones con fachada de sociedad civil, aparecen también asociaciones de funcionarios del Estado que andan en la misma. ¿Qué diantres tiene que opinar una organización de funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil sobre la represión de los violentistas mapuches en la Araucanía o las paltas de Petorca? La respuesta obvia es que nada, así como tampoco tendría por qué la ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales) andar llamando a votar por tal o cual candidato. Más todavía cuando la legalidad de estas organizaciones es bastante dudosa, ya que, en teoría, los funcionarios del Estado, al ser servidores públicos que se deben a todos los chilenos y que administran funciones fundamentales del aparato estatal, deberían abstenerse incluso de la política sindical.

El colector de casi todas estas agrupaciones fue la famosa Mesa de Unidad Social, defendida por la izquierda política, en un acto de ventriloquía, como el non plus ultra de la “sociedad civil”. La MUS, además, fue el anticipo de la infame Lista del Pueblo, muchos de cuyos representantes se suponía que provenían de causas alejadas de la política contingente, cuando en realidad eran simples activistas ultrones.

La MUS y la Lista del Pueblo aparecieron y desaparecieron en un santiamén. Pero dejaron en evidencia el grado de intervención e instrumentalización de la izquierda respecto a organizaciones que se presentan como no partisanas, y que muchas veces son financiadas por el Estado. Todo lo cual tuvo una confirmación con el caso Fundaciones (o Convenios). Ahora varios gremios, así como ANEF y las organizaciones de Derechos Humanos, llamaron a votar Jara. Si es que Kast gana, ¿qué harán todos estos grupos? ¿Les bajará la indignación súbita? ¿Habrá una nueva MUS? ¿Volverá la izquierda, disfrazada de sociedad civil, a tratar de imponer desde la calle lo que no conquista en las urnas?