Casi exactamente siete años después del estallido social en Chile, Francia ha experimentado jornadas de grave violencia y desorden callejero masivo. Las razones que se invocaban para justificar este movimiento originalmente eran temas educacionales, pero terminó incorporando reivindicaciones por el encarecimiento de la vida, deterioro de servicios públicos y otras exigencias. Las imágenes impresionan por la similitud de lo que vimos en Chile el año 2019: enfrentamientos con fuerzas especiales, saqueos, barricadas, destrucción de edificios públicos y privados, y una multiplicidad de demandas sin ninguna conducción política unificada. 

La comparación es interesante por una razón adicional. Ambos países representan modelos socioeconómicos radicalmente distintos. Siguiendo la clasificación de Gøsta Esping-Andersen el caso francés responde a un régimen de bienestar conservador-corporativista, es decir, hay una amplia protección social vinculada al empleo. Según esta clasificación, nuestro sistema sería liberal, caracterizado por una participación mayor del mercado, responsabilidad individual y protección estatal focalizada. Dos modelos considerablemente distintos que, con siete años de diferencia experimentaron, sin embargo, episodios de violencia callejera sorprendentemente semejantes. 

La pregunta es evidente: ¿por qué dos países que difieren a tal nivel en su organización del bienestar experimentan manifestaciones tan similares de descontento social? Sin negar su relevancia, las respuestas que apuntan exclusivamente al deterioro de las condiciones materiales parecen insuficientes. El acceso al bienestar, incluso cuando es amplio, no garantiza por sí mismo la legitimidad del orden social. Parece necesario buscar un elemento anterior, que permita a las personas orientar sus vidas, encontrar un lugar dentro de la sociedad, justificar sus esfuerzos y reducir su incertidumbre respecto del futuro. 

Uno de los elementos que ayudaba en Chile era el denominado “mérito” y la movilidad social. La recuperación de la democracia y la modernización que caracterizó a los denominados “30 años” ofrecieron a muchos chilenos un horizonte de expectativas relativamente claro. Estudiar, ingresar a la universidad, encontrar un trabajo la mejor renta posible, alcanzando muchas veces condiciones de vida superiores a la de sus padres y legándole una mejor calidad de vida a sus hijos. Esa promesa tuvo consecuencias reales. El crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la expansión de la educación superior permitieron la incorporación de amplios sectores –que antes se consideraban excluidos–, es decir, había un camino relativamente reconocible para prosperar y construir una vida mejor. 

Con todo, ese camino no estaba exento de dificultades. En efecto, las nuevas clases medias eran frágiles, dependientes del endeudamiento y las oportunidades no se distribuían de manera igualitaria. Pero había una expectativa suficientemente plausible para orientar las decisiones de las personas. Hoy ese horizonte se encuentra fracturado, el acceso a la educación superior no asegura las mismas oportunidades laborales, Chile lleva al menos una década con un crecimiento económico mediocre y las nuevas generaciones enfrentan dificultades reales para alcanzar la estabilidad que sus padres esperaban legarles. Lo que se ha roto es precisamente aquella expectativa que durante décadas ayudó a legitimar el orden chileno. 

Acá aparece una responsabilidad que las elites del país han eludido durante años. Desde el 2019 –si es que no antes– la discusión pública ha quedado atrapada en disputas pequeñas, acusaciones cruzadas y soluciones parciales. Mientras algunos se quedan en la denuncia del “avance de la ultraderecha y la perdida de derechos”, otros siguen convencidos que basta con recuperar eficiencia, reducir impuestos y recuperar el crecimiento económico. Aunque obviamente existen excepciones, las elites políticas suelen quedar atrapadas en sus victorias electorales, las económicas muchas veces reducen su debate a las condiciones que favorecen la inversión y las culturales típicamente interpretan al país desde categorías que poco dicen sobre la experiencia real de las grandes mayorías. 

La función de los cuadros dirigentes de la sociedad no puede agotarse en administrar instituciones o defender intereses propios. Tienen –o más bien tenemos– la responsabilidad de comprender las consecuencias imprevistas de la modernización acelerada que vivió Chile desde la década del 90' en adelante, que terminó por estallar ese 18 de octubre del 2019, procesar esas tensiones y ofrecer un proyecto que sea un horizonte de futuro creíble. Hoy su incapacidad para hacerlo se constituye como un problema gravísimo para el país. 

Chile aún resiente las fracturas abiertas en octubre del 2019. La pandemia, el deterioro de la seguridad, el crimen organizado y la crisis de empleo han desplazado aquellas discusiones sin resolverlas. Son problemas que exigen medidas concretas y urgentes, pero también representan una oportunidad para volver a pensar que país queremos construir durante los próximos 30 años. Si las élites nacionales siguen enfrascadas en pequeñeces aquella pregunta permanecerá sin respuesta. Y el caso francés ilustra dónde terminan esos vacíos, antes o después. 

Fuente: Fast Check CL - https://www.fastcheck.cl/ - Todos los derechos reservados.