"Para aprovechar estas circunstancias y rectificar el rumbo se requiere un diseño político a la altura del desafío. Y eso, a fin de cuentas, depende de una decisión presidencial".

Seguridad y migración, economía, urgencias sociales: el horizonte de la administración entrante parecía claro. Se anunciaba un gobierno de emergencia, cuyos ejes se identificaban con las prioridades de las grandes mayorías y aunaban al nuevo oficialismo. Pero si esta promesa le hizo sentido a la ciudadanía y sus principales inquietudes no han variado, ¿por qué ha disminuido tanto la popularidad de La Moneda en estos meses? Más aún, ¿por qué cunden el pesimismo e inquietud en diversos ambientes proclives a las derechas y, todavía más, en el conjunto del país?
Con independencia de las enormes complejidades que supone gobernar el Chile actual, la respuesta no es demasiado enigmática. Por de pronto, el modo de decidir y comunicar el “bencinazo” fue un balde de agua fría para una sociedad que experimenta una incesante alza del costo de la vida. La expectativa, azuzada en campaña, era dejar atrás el estancamiento de la última década. Ahora abunda el pesimismo —y mirando hacia atrás esta ola es larga—, como han mostrado Roberto Méndez, Roberto Izikson y varios otros analistas, pero a comienzos de año el panorama era distinto. La gente le creyó al Presidente Kast: todo iba a estar bien.
En paralelo, el gobierno acumula una serie de errores políticos no forzados, desde la fallida primera designación en la cartera de seguridad —promesa angular de la campaña— hasta el grave incordio relativo a las rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Mal que pese, varios de estos errores han golpeado la línea de flotación de la credibilidad gubernamental. Por lo demás, es muy difícil encarnar una promesa de orden si se transmite lo contrario a la hora de hacer política.
Adicionalmente, salvo algunas excepciones, el gabinete ministerial no ha logrado perfilar el sentido de urgencia propio de un gobierno de emergencia. En materia laboral, a cuya crisis se debe la irrupción del vocablo “emergencia” en el último lustro, esa carencia ha sido tan notoria como perjudicial. La principal excepción en este ámbito la representa el ministro Poduje —y de ahí que sea uno de los pocos ministros con alto conocimiento y alta valoración ciudadana—; pero tanto él como otros secretarios de Estado han incurrido en polémicas con sus pares que han opacado su despliegue (y nos devuelven al problema previo).
A todo ello se suma el extraño papel del jefe de asesores del mandatario (la última noticia en torno a alguien que no debería generar noticias es que Irarrázaval sería el único partidario de suscribir la polémica “coalición contra los carteles”). Y también, por supuesto, el temprano resurgimiento del faccionalismo de las derechas. Ya en 1995 Gonzalo Vial advertía de las endémicas pugnas entre los partidos de este sector, derivadas del “personalismo, pasionalidad y, consecuencia de las dos anteriores, irracionalidad política”.
Desde luego, no todo es negativo: el gobierno tiene diversos activos y oportunidades por delante. El Presidente Kast no es la figura de “ultraderecha” que muchos han intentado caricaturizar (y su temprano saludo al reelecto Lula volvió a confirmarlo). Se aprobó una ley de desarrollo económico que debería dar frutos en el mediano plazo. No hay elecciones hasta fines de 2028. Existe un amplio elenco de cuadros afines al oficialismo —gremialistas jóvenes e históricos, exfuncionarios de los mandatos piñeristas y un largo etcétera— que podrían reforzar el gabinete. Pero para aprovechar estas circunstancias y rectificar el rumbo se requiere un diseño político a la altura del desafío. Y eso, a fin de cuentas, depende de una decisión presidencial. Sólo quien porta la piocha de O’Higgins puede dar un golpe de timón.