Ha transcurrido más de un año desde que la contralora Dorothy Pérez informó que más de 25 mil funcionarios públicos hicieron uso indebido de licencias médicas viajando fuera del país, y hoy se siguen desplegando las consecuencias del efecto dominó que provocó este hecho al interior del Estado. No solo la emisión de licencias médicas ha caído significativamente desde entonces (los datos indican entre un 16 y 22% de disminución respecto de 2025), sino que varios funcionarios públicos han sido sometidos a sumarios y algunos sancionados. Por su parte, Gloria Ana Chevesich, actual presidenta de la Corte Suprema, decidió hacer lo propio en el Poder Judicial y abrió una cantidad inédita de 58 cuadernos de remoción para los jueces involucrados en el “caso licencias”. Once de ellos fueron destituidos el pasado viernes 11 de septiembre.

Dos cuestiones resultan relevantes de analizar de todo este episodio. Lo primero es la demostración de lo que puede lograrse cuando existe la determinación y voluntad de hacer uso de las herramientas existentes para resguardar la probidad y eficiencia que se corresponden con la función pública. Lo segundo, en cambio, es menos esperanzador, y consiste en advertir los límites que aquella actitud proactiva encuentra en las mismas estructuras y normas que regulan a los poderes públicos. Esto se refleja especialmente en el caso de Chevesich y en el reducido porcentaje de éxito que –hasta ahora– ha encontrado su empresa de sancionar la corrupción.

Respecto de la primera observación, es muy positivo que altas autoridades del Estado den señales claras de condena irrestricta a la corrupción y preocupación por la probidad, buena gestión pública y uso de los recursos fiscales en tiempos donde la confianza en las instituciones se encuentra tan debilitada (especialmente en el caso de los tribunales de justicia). La apertura en masa de cuadernos de remoción en la Suprema ha sido objeto de fuertes cuestionamientos y resistencia interna por romper la inercia y sancionar hechos graves que antes quedaban impunes. La ANMM (Asociación Nacional de Magistrados) ha sacado la voz contra los procedimientos disciplinarios –acusó al pleno de la Corte de “cacería de brujas”– y ha respaldado a los jueces que han iniciado acciones judiciales. Es dicha resistencia por vía jurisdiccional frente a los cuadernos de remoción la que conecta con la segunda observación que hicimos: la misma institucionalidad es a veces la responsable de que dinámicas perniciosas se perpetúen dentro de ella sin lograr ser sancionadas. 

La razón por la que solo 11 de las 58 causas se han traducido en remociones –más allá de los casos en que, efectivamente, no se acreditaron faltas a la probidad– reside en la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional por parte de los magistrados. A través de ellos se alega una supuesta vulneración al debido proceso, específicamente por el principio non bis in idem (no sancionar a una persona dos veces por lo mismo). En concreto, alegan que el hecho de que varios jueces fueran previamente sometidos a sumarios disciplinarios por sus superiores jerárquicos, contravendría aquella regla que mandata no sancionar dos veces un mismo hecho. Ello puede ser pertinente de analizar, específicamente en los casos de quienes fueron condenados (no absueltos) en dicha sede. Sin embargo, e independiente de las cuestiones formales del procedimiento que puedan ser revisadas, el mayor dilema es de fondo.

El gran problema es que la conducción –en general– de los procedimientos disciplinarios en los tribunales de justicia está en tela de juicio. Hace varios años que se critica el sistema disciplinario de nuestro Poder Judicial, que ha mostrado ser bastante débil, especialmente a raíz de escándalos como el “caso audios” o el “desastre de Rancagua”. Como es sabido, los tribunales superiores ejercen el control disciplinario de sus inferiores y participan en sus nombramientos a la vez que se ocupan de revisar sus fallos, concentrando simultáneamente funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Ello es problemático en diversos aspectos, pues merma la independencia interna de la justicia (y abre la puerta a la corrupción), a la vez que representa una carga administrativa para instituciones ya colapsadas de trabajo.

Por otro lado, en varios casos puntuales da para pensar que los recursos de inaplicabilidad interpuestos por los magistrados ante el Tribunal Constitucional se funden en motivos dilatorios que buscan entorpecer el proceso. El que más llamó la atención es el del controvertido juez Urrutia, acusado por viajar dos veces con licencia médica, habiendo ya enfrentado procesos disciplinarios de diversa índole. La polémica consistió en que su causa fue postergada, porque un ministro de la Suprema –casualmente cercano a él– se ausentó por una hora al médico, lo que permitió ganar tiempo para que el TC admita a tramitación su recurso y suspenda su proceso de remoción hasta pronunciarse sobre el fondo de este.

En resumen, todo lo ocurrido en este último tiempo genera una sensación agridulce. Por un lado, se valora la gestión de la nueva presidenta del máximo tribunal del país. Por otro, crece la frustración al constatar –una vez más– las trabas estructurales del mismo sistema judicial para procesar sus vicios internos. Varios de los procedimientos de remoción se verán cerrados desde una perspectiva formal –para tranquilidad de los jueces que viajaron con licencias médicas–, pero el fondo del asunto seguirá latente y, a su vez, la legitimidad del Poder Judicial minada. Ojalá el episodio dé un nuevo impulso a la necesaria reforma al gobierno judicial que se halla entrampada en el Congreso, pero que el ministro de Justicia ha esbozado que se encuentra entre sus prioridades.