Columna publicada el martes 9 de marzo de 2021 por La Tercera. Agradezco la respuesta de Pedro Cayuqueo. En tiempos donde la mayoría busca “likes” en vez de argumentos y simplemente “bloquea” o “cancela” al que no piensa igual, es un agrado verse confrontado con razones, en vez de con insultos, victimismo y mentiras. Cayuqueo sostiene que no habría terrorismo en la Araucanía porque a nivel procesal, nadie habría sido condenado por terrorismo en la zona y, a nivel teórico, el terrorismo sería “un método de combate… clandestino, indiscriminado y con población civil como su blanco predilecto”, caracterizado por acciones criminales a gran escala y que buscan “forzar decisiones políticas vía el amedrentamiento colectivo”. Esto ocurriría, según el escritor, en lugares como el Medio Oriente, pero no en la Araucanía, donde sólo ocurrirían delitos comunes contra la propiedad y el orden público. Creo que estos dos argumentos son débiles. En mis columnas he defendido que el terrorismo son ciertos delitos graves (entre los que se cuentan, según la ley, homicidios, lesiones, incendios, estragos, atentados contra la autoridad y asociación ilícita) cometidos con el fin de causar miedo en la población, o en una parte de ella, de sufrir actos similares, “sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”. Lo distintivo del terrorismo, entonces, es que se trata de un tipo de violencia dirigida contra civiles con el fin ya sea de amedrentar a un grupo específico de personas o de forzar decisiones de la autoridad política que tiene un deber de protección respecto a las personas amenazadas. Si esto es así, no sólo “acciones criminales a gran escala” calificarían como terrorismo. Por algo el par de chilenos que pusieron una bomba de bajo poder en una iglesia en España (que no queda en el Medio Oriente) fueron condenados como terroristas, aunque el único daño a una persona haya sido auditivo. También los ataques con arma blanca a transeúntes en el centro de Londres realizados por extremistas islámicos son atentados terroristas. Luego, una organización dedicada a quemar templos católicos y evangélicos, como la que operó el año 2016 en la Araucanía, es una organización terrorista. Lo mismo con los distintos grupos organizados que quemaron vivas a dos personas en su casa (único hecho previo a la visita de observadores ONU de 2013); realizaron una emboscada mortal contra un trabajador; expulsaron a punta de pistola a una mujer e incendiaron su vivienda; o atacaron con armas a residentes pacíficos para luego quemar sus propiedades. Todo en el marco de disputas territoriales entre comunidades indígenas y propietarios, y para tratar con ello de amedrentar a estos últimos y forzar a la autoridad a traspasar esas tierras a las comunidades. Pretender que la ausencia de condenas terroristas equivalga a la ausencia de actos terroristas es confundir verdad procesal y verdad material. No todo el violentismo de la Araucanía pasa por tribunales (en muchos casos hay impunidad, lo que es parte del problema) o no se logran levantar las pruebas necesarias. Pero los hechos están ahí, y son distintos a otro tipo de actos criminales. No son “delitos comunes contra la propiedad y el orden público”: son delitos graves cometidos con el fin de amedrentar a una parte específica de la población de la Araucanía (propietarios no mapuches y sus trabajadores) y forzar decisiones de la autoridad política (¿Sino por qué que se repite que la única manera de detener los atentados es entregar las tierras reclamadas?). Por lo demás, el propio Cayuqueo combate la confusión entre verdad procesal y verdad material en otros ámbitos. Desde un punto de vista procesal, la demanda Mapuche por sus “tierras ancestrales” no tendría valor. Son terrenos que tienen otros dueños legales. Pero eso no les ha impedido reclamarlos alegando que el fenómeno que las ampara no se encuentra cubierto adecuadamente por la ley. Finalmente, Cayuqueo hace un punto sustantivo cuando afirma que las consecuencias procesales de la aplicación de la ley antiterrorista parecen peligrosas para el debido proceso de los mapuches que queden sujetos a ellas. Es el eje principal, también, del informe final de la ONU, aparecido en 2014. Si por eso no quiere llamar terrorismo al terrorismo, lo entiendo. Obviamente es importante considerar esa arista. Podemos estar de acuerdo en que es necesario construir un consenso urgente para mejorar la ley anti-terrorista y sus garantías procesales. Mientras tanto, se puede hablar de algo así como “delitos extremos o delitos graves cometidos con fines políticos vinculados a la causa Mapuche”. Eso ya sería un avance. De hecho, mi motivación para empujar esta discusión es que la Araucanía parece estar volviéndose, en muchos sectores, tierra de nadie. Esto venía de antes, pero se ha intensificado con el estallido social y la inoperancia política del gobierno. Esta retirada del Estado ha sido usada “estratégicamente” por grupos mapuches, extremistas y no extremistas, así como, al parecer, por grupos delictuales de todo tipo. Se vive, entre otras cosas, una escalada violentista y criminal sin precedentes. El escenario creado es en extremo peligroso, y creo que es un deber moral para quienes hemos promovido desde distintos sectores la necesidad de justicia y reparación para el pueblo mapuche hacer avanzar un rayado de cancha –límites transversales- respecto a los medios considerados legítimos en el marco de este conflicto. Menciona Pedro el viejo adagio de que la verdad es la primera víctima de la guerra. Hoy no hay guerra en Arauco, pero la ceguera moral avanza. La misma que hizo que la mayor parte de la derecha “no viera nada” durante la dictadura. O que casi toda la izquierda chilena defendiera el régimen chavista (y un sector lo siga defendiendo). Detener la escalada de violencia y darle un cauce al conflicto pasa, en buena medida, por tener el coraje de posicionarse respecto a los medios que se consideran adecuados en relación al fin perseguido. Se requieren acuerdos públicos básicos respecto a los límites de lo permisible, incluso entre bandos opuestos. Más todavía considerando la creciente reacción armada de los sectores hoy agredidos en la zona. Necesitamos un lenguaje común que permita llamar las cosas por su nombre para no justificar la violencia propia, mientras se condena la de al frente. ¿Es razonable, entonces, que el “catálogo” de medios de lucha mapuche –como lo llama Pedro- incluya quemar casas particulares? ¿Es lícito encañonar o emboscar civiles? ¿Usar armamento de guerra? ¿Atacar trabajadores? ¿Financiarse cultivando droga? (La CAM se pronunció en negativo al respecto) ¿Declarar a todo no chileno que habite los terrenos reclamados como enemigo? Muchos de los intelectuales a los que querría hacerles estas preguntas –como el mismo Pedro Cayuqueo, Claudio Alvarado Lincopi o Fernando Pairicán- son ideólogos del nacionalismo mapuche. Se imaginan un futuro autónomo para su pueblo. ¿Cómo podría construirse algo así en un territorio sin ley? ¿Cómo harían emerger moderación del extremismo y prosperidad del caos?