Columna publicada el miércoles 23 de septiembre de 2020 por el Diario Financiero. En ciertos ambientes políticos y empresariales existe una fundada preocupación por el exceso de expectativas que generaría un eventual proceso constituyente. Que las reformas que demanda el país no pasan ni única ni principalmente por modificaciones a la Constitución; que un nuevo pacto social supone cambios culturales e institucionales que superan con creces las posibilidades de los textos legales, y así. Es indiscutible que este tipo de prevenciones son muy pertinentes; sin embargo, sus implicancias suelen pasar desapercibidas. Después de todo, si se comprende que no bastan nuevas leyes para enfrentar el malestar que explotó hace casi un año junto a la brutal ola de violencia, la pregunta es ineludible: ¿qué puede hacer el sector privado al respecto? Con el panorama descrito ocurre algo similar a cuando se afirma que el motor de la vida común no es el Estado, sino la sociedad civil organizada. Si esto es así, la responsabilidad de los particulares -incluyendo desde luego a las empresas- aumenta. Justamente porque necesitamos mucho más que cambios legales es porque el mundo empresarial requiere revaluar sus prácticas a la luz de las nuevas exigencias y circunstancias. Se trata, por lo demás, de una aproximación consistente con los planteamientos de varios intelectuales que vienen pensando las causas y consecuencias de nuestra crisis. Por ejemplo, en la nueva edición de la revista del IES “Punto y coma”, orientada a examinar con detalle diversas aristas del estallido social, tanto Kathya Araujo como Matías Petersen –académicos de distintas universidades, disciplinas y sensibilidades políticas– apuntan precisamente en esa línea. Mientras Araujo subraya la relevancia que tiene la “cuestión del trato” y las dificultades de la vida cotidiana en los “desencantos” y las “irritaciones” actuales, Petersen sugiere cursos de acción específicos para robustecer los mecanismos que le permiten gozar a los trabajadores de “una adecuada participación en los beneficios derivados de la actividad económica”. Es la misma intuición que ha expresado el ministro Ignacio Briones desde que llegó a Hacienda. En una entrevista publicada en enero, Briones invitaba a “repensar las relaciones laborales”, revisar las propuestas que buscan “compartir utilidades”, y tomarse en serio la experiencia alemana en que “los trabajadores son parte de los directorios”. Es indudable que la pandemia ha aumentado nuestros problemas en todos los planos, por lo que podría existir la tentación de descartar esta clase de agendas, pero no tiene por qué ser así. Basta recordar la comentada e innovadora apuesta de la pesquera Friosur, empujada por José Luis del Río, que terminará traspasando el 20% de la empresa a una cooperativa integrada por sus propios trabajadores. En sus entrevistas recientes Del Río se cuida de no dar recetas a nadie, pues reconoce que “cada empresa debe buscar soluciones acorde a su realidad”. Sin embargo, no teme en afirmar que debemos promover activamente una relación de mayor cooperación entre el capital y el trabajo y, en concreto, explorar renovadas formas institucionales que posibiliten la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales. ¿Por dónde partir? Del Río no duda: “por el principio al menos, porque empiece a haber más conversación regular con los trabajadores”. No es exagerado afirmar que ahí puede estar el germen de un nuevo pacto social.