Veintidós veces aparece la palabra “ultraderecha” en el texto que resume las conclusiones del primer congreso estratégico e ideológico del Frente Amplio. Considerando que es un documento de no más de 45 páginas, uno puede sopesar aún mejor el protagonismo (¿u obsesión?) del término en la reflexión del partido, que por lo demás no es tampoco una novedad. Ha sido el tema preferido de las izquierdas locales, como probó esta semana la reveladora entrevista a la exministra Camila Vallejo en el podcast Animales Políticos. Allí vemos una vez más que el énfasis en la supuesta amenaza que se cierne sobre nuestro país es el reverso de la renuncia a preguntarse no solo por su propia falta de proyecto, sino también por los aciertos de sus adversarios. Pero este sector abandonó hace tiempo la intención de contar con una visión precisa de su contendor, y la historia es más antigua que el auge del Partido Republicano y de la figura de José Antonio Kast. En enero de 2018, recién anunciado el gabinete del presidente electo Sebastián Piñera, la misma Camila Vallejo afirmó que se estaba asentando en Chile un gobierno de “ultraderecha”. Hoy algunos reconocen que fue un error tildarlo de ese modo, pero las implicancias prácticas de esa visión ya tuvieron efecto (como justificar su desleal oposición en medio de la crisis de 2019). Y tampoco han escapado del punto ciego: ya no es Sebastián Piñera sino el presidente Kast la verdadera “ultra” que, en un estilo más contenido (y engañoso), estaría desplegando los retrocesos democráticos que inspirarían su agenda.

Los problemas de esta aproximación se han ido haciendo cada vez más evidentes, no solo por el poco arraigo popular del que goza, sino por las voces críticas que, a regañadientes, van apareciendo desde la propia izquierda. La semana pasada, el exconvencional y periodista Patricio Fernández y el exministro Luis Cordero pusieron en duda la pertinencia de etiquetar al actual gobierno como ultraderecha. No existe ninguna señal, dicen, que permita afirmar que el Ejecutivo busca poner en riesgo la institucionalidad democrática. No es que sean benevolentes en la evaluación del Ejecutivo, pues Fernández y Cordero se paran claramente en la oposición. Pero la diferencia es su honestidad intelectual: saben que la calificación del adversario debe ser muy rigurosa y exigente en democracia, porque de ella depende el reconocimiento de su legitimidad.

Ahora bien, no se restringe a esto la preocupación de Fernández y Cordero. En último término, su inquietud se explica porque saben que la comprensión equivocada de quien se para al otro lado redunda en una acción política ineficaz. El discurso de la ultraderecha es cómodo y tranquilizador, pero arriesga alejar aún más a la izquierda de la ciudadanía que eligió al presidente Kast. Los motivos de esa adhesión no han sido todavía comprendidos, y sin embargo nada de eso aparece en sus conclusiones. Porque el desafío que tienen las izquierdas no se reduce a revisar su trayectoria reciente ni a dibujar un nuevo proyecto (del que tampoco parecen haber muchas luces). Consiste también en el difícil ejercicio de interpretación de una sociedad de la cual estaban mucho más lejos de lo que pensaban y que por eso fracasaron en representarla. En eso fue que ganaron sus adversarios, no por el “apoyo de las elites tecnológicas” que les habrían permitido empujar una “ofensiva discursiva exitosa”, ni por “apropiarse de la trasgresión y presentarse como la fuerza impugnadora del orden establecido” (vaya que les molesta este reemplazo); sino por tomarse en serio las prioridades de la ciudadanía. Después de todo, son esas dos cosas las que están unidas en la obsesión con la ultraderecha: un juicio errado (y un desprecio) sobre sus contrincantes y sobre la gente que ha decidido (engañada) escogerlos.