Si uno mira la política desde muy cerca, todo parece en permanente mutación y conflicto. Las minutas, los combates por tal o cual ley, los escándalos y escandalillos recurrentes. Nada de este barullo agotador es irrelevante, porque efectivamente va abriendo y cerrando caminos. La pregunta es hacia dónde. Desde la lucha cotidiana es casi imposible verlo. Sin embargo, si se da un paso atrás y se observan las variables estructurales sobre las que se está operando, se hace más nítida la respuesta.

El escenario chileno actual es más o menos el siguiente. El país vivió una modernización acelerada o, en palabras del sociólogo coreano Chang Kyung-Sup, una modernidad comprimida. Esta idea de compresión es interesante, porque implica que las etapas que otros países pudieron abordar de manera más orgánica en tramos de tiempo mayores, aquí se sobrepusieron rápidamente entre sí, generando importantes desequilibrios y desajustes generacionales, económicos y familiares. Al centro de esta época crítica se encuentra la nueva y masiva clase media chilena, nacida de la modernización capitalista. Se trata de un segmento frágil, pero de gran tamaño (entre un 30% y un 50% del total), que accede al consumo a través del crédito y que expone valores meritocráticos.

Esta clase media emerge debido al éxito en la lucha contra la pobreza urbana, que había plagado la historia chilena desde la enorme migración del campo a la ciudad registrada entre 1940 y 1960. Chile logra derrotar la desnutrición infantil, ordenar el problema de la vivienda y crecer lo suficiente como para que hubiera trabajo y cierta prosperidad. Así, millones de chilenos dejaron la pobreza para entrar en un territorio de nadie, donde eran, al mismo tiempo, ricos frente al Estado y pobres frente al mercado. Territorio donde los créditos de consumo llenaban las brechas, y donde la esperanza era seguir subiendo, hacia una zona de mayores seguridades vitales. ¿Cómo hacerlo? La llave maestra, se decía, era la educación. Especialmente la universitaria: ser profesional, se pensaba, era sinónimo de esa tranquilidad buscada.

Ese es más o menos el escenario registrado por el famoso informe del PNUD de 1998. Y el malestar social, en ese momento, se asociaba a que la educación superior parecía un cuello de botella demasiado angosto. La movilidad existía, pero era brutalmente exigente, asociándose principalmente a liceos de excelencia y a algunos colegios particulares subvencionados. De ahí la relación de amor y odio con ellos: para muchas familias, símbolo de oportunidad, pero también signo de exclusión para las que no lograban un cupo. La educación superior, en ese punto, se encontraba diversificada (había instituciones privadas y estatales de diversa calidad) pero no masificada. La masificación vino con el crédito bancario con aval del Estado establecido por el gobierno de Ricardo Lagos, con el cual, en teoría, todos los involucrados ganarían: los estudiantes y sus familias, los bancos y las universidades. Un gran bache de la modernidad comprimida parecía a punto de ser superado.

Pero eso no ocurrió. Lo que se generó fue una gran masa de estudiantes de clase media endeudados (lo que dañaba desde el inicio su capacidad crediticia, pieza clave de la vida de clase media) que, en su mayoría, no fueron encontrando las seguridades vitales esperadas una vez salidos de la educación superior. Esto creó una clase social específica en un momento en que las clases sociales dominantes del siglo XX se habían prácticamente diluido. Y los que capitalizaron la representación de esa clase fueron los dirigentes universitarios que tomaron sus banderas: educación para todos, gratuita y de calidad. Ahí fue que se asumió como primera prioridad destruir la vía selectiva de los liceos de excelencia y de los colegios particulares subvencionados. Quemar las naves. El ataque a la meritocracia del esfuerzo, a su vez, vino acompañado de la búsqueda de otras justificaciones distributivas, que fueron encontradas en la política identitaria: mujeres, indígenas, minorías sexuales. Todo debía ser integrado mediante cupos y distribuciones siguiendo una lógica victimista o victimocrática.

El estallido social y el proceso constitucional fallido fueron los momentos estelares de esta nueva y precaria filosofía. Pero también expusieron rápidamente sus límites. El terrible caso de Julia Chuñil ha sido una especie de resumen en cámara rápida de lo vivido durante esos largos meses, experimentado al fin como una variedad de fraude. 

Hoy la epopeya de esa izquierda universitaria llega a su fin. Usaron el caos como una escalera para llegar al gobierno y, en materia educacional, fueron un fiasco a todo nivel. Ocurrió lo de siempre, también: su núcleo dirigente se aburguesó (digamos que la mayoría eran burgueses que pudieron dejar de simular que no lo eran), clientelizó al propio movimiento, corrompiendo de paso importantes segmentos del Estado, y las promesas infladas, además de los caminos tomados desde Bachelet II, se mostraron en demasiados casos estériles. En vez de un nuevo pacto de clases, terminamos metidos en una guerra a muerte entre facciones de las élites y los aspirantes a ser parte de ellas. Zapallar contra Tunquén.

Así, el problema estructural persiste. La pregunta por cómo convertir Chile en un país de clase media, donde ese segmento sea estación deseada de destino y no de paso para la gran mayoría, sigue viva. Y no es claro si la derecha que llega hoy al poder entiende este asunto y tiene una receta mejor que la de los dirigentes de la FECH para solucionarlo. Piñera lo vio, pero su visión de “clase media protegida” fue casi un completo fracaso, en parte porque se quedaba corta y en parte porque nunca logró desplegarse. Hay amplios sectores de la derecha que, de hecho, no le toman el peso a este problema. ¿Cuál es la visión de Kast al respecto? ¿O esta derecha supone que dando crecimiento y seguridad el asunto queda saldado?

José Antonio Kast no representa de entrada, como dice la última minuta de la izquierda (para justificar desde ya una oposición mezquina), un cambio de ciclo político. Al contrario, es la última oportunidad para la clase política del ciclo vigente para enrielar la modernización chilena. Es decir, a lo más que puede aspirar es a inaugurar una nueva etapa para la política chilena. Si fracasa, que es lo más fácil dado el actual escenario, entraremos, ahora sí, a un nuevo ciclo político marcado por el populismo, ya que todas las alternativas institucionales habrán sido probadas y descartadas.