Columna publicada el viernes 17 de mayo de 2024 por El País Chile.

Aunque el gobierno del presidente Gabriel Boric ha debido renunciar a casi todo su programa original obligado por el baño de realidad, todo indica que insistirá en una de sus promesas de campaña más insignes: condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE). Como muchas otras medidas del plan de Apruebo Dignidad, de esta apenas conocíamos el titular, sin que hubiera un mecanismo pensado, poco más que un eslogan. Este desconocimiento no solo era para los observadores externos, sino también para los propios miembros del gobierno. Reflotar la iniciativa –como anunció el ministro de Hacienda, Mario Marcel– es un intento por recuperar algo de protagonismo, pues sería el anuncio principal de su cuenta pública del 1 de junio, decisión que no es descabellada, considerando que apunta a un componente principal de su electorado y base de apoyo: los jóvenes universitarios.

¿Quién podría juzgar a Boric por apurar el paso en esta materia? Lleva ya varias semanas “traicionando” a su grupo más leal. El colmo de la deslealtad vino con la distancia que el mandatario tomó con el “Perro Matapacos”, aquel animal que simbolizó el espíritu del estallido social de octubre de 2019, junto con el denominado rescate de las Isapres (las aseguradoras privadas de salud que antes prometió eliminar) a inicios de esta semana. Al electorado fiel, sobre todo en año de municipales, hay que cuidarlo, hacerle guiños, mimarlo. Incluso si implica dañar las ya alicaídas arcas fiscales.

Ahora bien, la medida arroja luz sobre varios de los problemas que adolece la coalición gobernante. Ya hemos mencionado el primero: se trata de un nuevo intento por congraciarse con los propios, aun a costa de dejar de lado asuntos mucho más prioritarios. Se ha dicho hasta la saciedad que conviene más invertir en educación parvularia y básica; sobre todo cuando los recursos escasean y no se ve posible avanzar en una reforma tributaria (la cual, sobra decirlo, fracasó por la falta de votos de la propia coalición de Boric). El centro de estudios Horizontal simuló los escenarios de la condonación, y no son favorables: sería equivalente a 37 veces el presupuesto asignado al proyecto de sala cuna universal, que representa el 0,1% del PIB, incluido como una de las partidas de gasto necesarias del acuerdo fiscal propuesto por el Ministerio de Hacienda; asimismo, sería 40 veces mayor que el presupuesto destinado al Plan de reactivación educativa anunciado por la administración actual, el cual ascendió a US$288 millones para el año 2023.

El difícil contexto económico no puede ser menospreciado. Menos aún en momentos en que la deuda de las empresas públicas y del gobierno central alcanza sus máximos niveles en cuatro décadas, como mostró un estudio de Libertad y Desarrollo. La magnitud de los desafíos que enfrenta el Estado de Chile –sistema de salud, pensiones, mejorar las condiciones de seguridad, etc.– hace que debamos elegir con mucho cuidado el uso que se dará a los recursos. La condonación de un crédito no debiera estar entre ellas.

El socialista Oscar Landerretche aporta una tercera razón, más de fondo. En una entrevista con Radio Infinita, el economista decía: “...a las personas que pagaron el CAE religiosamente, a esos 'que se jodan', ¿no les vamos a devolver la plata? Entonces, la pregunta es ¿le van hacer un 'perdonazo' a la gente que no pagó, pero la que sí pagó, ¿que se jodan? Me parece inmoral”. Lo que subyace al enojo de Landerretche es la pregunta por el mensaje que se está dando a nivel general ¿Es razonable condonar una deuda –que deberá ser asumida por el Estado– a quienes no han cumplido con ella? ¿No refleja esto una visión de justicia distorsionada? ¿Cuál es el precio a pagar por hacer promesas electorales? ¿Se puede aprobar lo que sea aunque sea deficiente o injusto? Destruir el incentivo a pagar, a cumplir las obligaciones, no es inocuo, menos cuando nuestro pacto social es tan frágil.

La idea refleja una práctica peligrosa para una política que coquetea con la demagogia: avanzar en promesas que no se pueden cumplir o que, de cumplirlas, generarían daños difíciles de reparar. Hay, además, algo particularmente vil en el mecanismo que ha seguido la administración Boric: lanzar el anzuelo cada seis meses para luego reconocer que no es posible hacerlo, o que la medida era descaminada. Se mira el corto plazo como único horizonte, se logra una pequeña ganancia, un respiro, pero al poco andar se horrorizan y perturban por las consecuencias de lo hecho. Ya lo sufrieron con los retiros de fondos previsionales y los indultos a delincuentes del estallido social. En vez de volteretas o arrepentimientos tardíos, harían bien en dejar atrás, sin tanto remordimiento, una pésima idea.