Columna publicada el lunes 6 de noviembre de 2023 por La Segunda.
Hace una semana, apenas finalizado el trabajo del Consejo Constitucional, la comisionada experta oficialista Antonia Rivas ofrecía una ilustrativa entrevista al periodista Iván Valenzuela. Según un ya conocido libreto, señala que en este proceso se habrían cometido exactamente los mismos errores que en el anterior. Es un discurso curioso cuando lo enarbolan quienes aún no han hecho autocrítica alguna respecto de un proceso y un texto al que sí adhirieron con fervor. Es aún más curioso cuando los defensores de una Constitución poscolonial se quejan de que la nueva propuesta no es muy liberal. Pero también es un discurso que llama la atención por las cosas que objeta de la nueva propuesta y por su honda desconexión respecto de la situación actual del país.
En ese sentido resultan especialmente reveladoras las palabras que la comisionada Rivas dedica a la educación. Se trataría, en sus palabras, de un artículo “peligrosísimo” por el modo en que garantiza el derecho preferente de los padres y por la libertad que entrega a los distintos proyectos educativos; sería, en sus palabras, el fin del “plan nacional de educación”. Lo cierto es que la propuesta contiene ambas cosas: una firme defensa de la libertad en materia educacional y una inequívoca afirmación del deber del Estado de proveer una educación pública, pluralista y de calidad en todos los niveles de la formación. No es que este segundo elemento esté ausente; es que los nostálgicos del proceso pasado no toleran que el primer elemento esté presente.
Pero como señalábamos, más allá su evaluación del texto, estas declaraciones también sorprenden por su escasa atención al país en que este texto aterriza. Tenemos una región entera que ha pasado dos meses sin clases, un descalabro generalizado en las que fueron nuestras mejores instituciones, y muy pronto un déficit de 25.000 profesores. Las responsabilidades por estos hechos se encuentran, desde luego, ampliamente compartidas en todo el sistema político, pero no puede dejar de asombrar que para algunos sean las referencias de la nueva propuesta al derecho preferente de los padres – equilibradas por otros principios– las que resultan peligrosas.
Por cierto que puede haber discusión legítima respecto de los acentos y contenidos de la propuesta, en esta y otras materias; pero críticas como esta reflejan unas prioridades francamente sorprendentes. Y todo esto confirma, por último, cuán descaminada es la comparación de ambos procesos. Aunque los artículos sobre educación no eran lo peor de la anterior propuesta, ahí sí que se fijaba como fines de la educación cuestiones controvertidas –como los “derechos de la naturaleza”– que no tienen equivalente en la “peligrosa” propuesta actual.
