Al iniciarse una nueva semana parece pertinente recordar el calamitoso estado en que terminó la anterior: varias escuelas -en Alto Biobío, Antofagasta y Linares- tuvieron que suspender clases ante violentas amenazas. Los días previos se había logrado detener a adolescentes armados en Curicó y Rancagua, y pocos días más atrás estaba el horrible apuñalamiento de una inspectora en Calama, que de algún modo parece haber desatado esta ola. Nada de esto es del todo nuevo. Cabe recordar a Pabla Sandoval, la profesora que el 2001 fue amarrada por alumnas que la amenazaban con un cuchillo, o el triste suicidio de la profesora Katherine Yoma el 2008, en parte provocado por el acoso de una alumna y su padre. El bullying ha recibido harta atención, pero otras formas de violencia contra las escuelas y los profesores constituyen una urgencia que por un buen tiempo ha tocado a nuestras puertas.

A esto se suma, obviamente, la violencia escolar de carácter político que el país ha experimentado durante los últimos años. Por su masividad y la manera en que ha logrado destruir instituciones obviamente ha estado en el centro de la discusión. En algún sentido este fenómeno tiene causas más fáciles de identificar, y cuenta incluso con instigadores medianamente conocidos. Tal vez lo único a rescatar de la última semana sea que la escasa paciencia que quedaba en la ciudadanía con estas movilizaciones terminará ya de acabarse: estas formas de violencia escolar podrán ser distintas unas de otras, pero tras los hechos de la última semana pocos querrán reconocer un asomo de luchador social en quien hoy sigue recurriendo a estos medios.

Poco se logra, sin embargo, con su simple condena, y el peso del problema lo hace parecer inabordable. Una educación agobiada por las expectativas de la sociedad sobre ella padece porque se le pide que ahora acabe también con la violencia. Al mismo tiempo, tanto las respuestas de corto plazo como las de largo alcance tienden a ser desacreditadas. Las primeras –revisión de mochilas, detector de metales– solo parecerían atacar síntomas; las segundas –preocupación por la familia, crisis de la autoridad– remiten a un futuro inasible y algunos incluso las tienen por discriminatorias. Este tipo de objeciones, sin embargo, conducen a un enorme riesgo de parálisis: nos encerramos en una reflexión sobre un desafío que nos excede, y cada uno de los ámbitos en que puede ser abordado es declarado insuficiente o impertinente. Esta no es materia para esa clase de juegos.

Por otro lado, sería bueno enfatizar que la situación no exige de modo alguno que convirtamos la escuela en un centro de antiviolencia. Esa ha sido, más bien, una mentalidad común en el pensamiento educacional de las últimas décadas, y sus resultados están a la vista. Ante todo debemos pedirle que responda mediante los actos que le son más propios: la transmisión de conocimientos para avanzar en la vida, el abrir la pregunta por la vocación (y así por un sentido que es opuesto al nihilismo de la violencia), el enseñar a vivir juntos junto otros que nos preceden en esa tarea, y el descubrimiento así de una autoridad que no es opresiva. Eso es todo lo que tenemos que pedirle; pero para pedírselo tenemos que garantizar las condiciones en que esas elementales tareas son posibles.