La búsqueda de inversión extranjera para impulsar el crecimiento, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las personas ha sido una preocupación explícita del nuevo gobierno. En esa línea se inscribe la gira que la semana pasada llevó al canciller Francisco Pérez Mackenna y a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, a recorrer Silicon Valley en el marco del programa «Elige Chile», donde se reunieron con ejecutivos de Nvidia, Google, Meta y OpenAI. Pérez Mackenna declaró al Diario Financiero que están «trabajando con estas compañías para crear las condiciones que permitan que el ecosistema de IA exista en Chile», con un patente sentido de urgencia: «Esto viene corriendo a una velocidad impresionante y hay que reaccionar rápido». El ministro tiene razón, pero esa misma velocidad amerita una pausa reflexiva.

La gira de los ministros no es un episodio aislado. Calza con la mirada sobre la ciencia que ha esbozado la ministra Lincolao en las últimas semanas, ligada a su propia trayectoria: la idea de que esta debe «transformarse en valor económico tangible». Mirada por lo demás reforzada por el propio Presidente Kast con su polémica declaración acerca de las investigaciones que «terminan en un libro precioso, empastado, en la biblioteca», pero no generan trabajo concreto. Es cierto que el escándalo de muchas de las reacciones a dichas palabras desconoce problemas efectivos de la academia nacional que merecerían mayor atención, pero es importante también subrayar que tal mirada por parte del gobierno denota un horizonte algo limitado. Y es justamente en la investigación en inteligencia artificial donde esto se pone en evidencia: el enfoque no puede ser sólo económico.

Vale la pena entonces mirar el panorama global sobre este tema. En abril, Palantir —la empresa de inteligencia artificial fundada por Peter Thiel y dirigida por Alexander Karp— publicó un controvertido manifiesto de 22 tesis que resume el libro The Technological Republic (Karp, 2025). El diagnóstico es el siguiente: Occidente enfrenta amenazas reales, y la tecnología no puede limitarse a producir aplicaciones de entretenimiento mientras otras potencias la utilizan con fines estratégicos. El problema es la solución que proponen, junto con su resignación ante la invasión de la técnica en esferas delicadas que requieren del factor humano. Thiel y Karp plantean que el Estado debe apoyarse en las grandes empresas tecnológicas privadas para consolidar un proyecto nacional, dándoles «rienda suelta» para crecer y así enfrentar el enorme poder tecnológico de China. Olvidan que estas entidades son opacas, defienden intereses propios —no necesariamente el «bien de Occidente»— y concentran cada vez más poder en múltiples planos: controlan la conversación pública vía redes sociales, custodian nuestros datos personales y ejercen una influencia cada vez mayor sobre el mercado y la democracia. Pueden, en otras palabras, volverse una amenaza contra el sistema liberal que les permitió nacer. Una reciente publicación de The Economist traza la analogía con los magnates de principios del siglo pasado en Estados Unidos —Rockefeller entre ellos— que llegaron a ser casi más poderosos que el gobierno. En su momento, el Estado pudo romper esos monopolios porque se trataba de bancos, tierras, petróleo y acero. Hoy, en cambio, la herramienta que está concentrada es la infraestructura misma del conocimiento y la comunicación, lo cual hace la tarea regulatoria incomparablemente más difícil. Y de eso no se hacen cargo sus defensores.

Lo más revelador es que esta tensión ya empezó a inquietar incluso a quienes promueven la desregulación. La administración Trump llegó al poder prometiendo libertad de acción a las grandes tecnológicas, sobre todo en la carrera de IA frente a China. Pero en las últimas semanas los medios estadounidenses han revelado que la Casa Blanca baraja mecanismos de supervisión —como la evaluación previa al lanzamiento de nuevos modelos— y conversaciones sobre un eventual marco regulatorio. La motivación de Trump no es ética sino de seguridad nacional, pero el giro es significativo. Si en Washington está surgiendo esa duda, vale la pena tomarla en cuenta. En ese contexto, la reciente visita de Peter Thiel a Chile —que pasó prácticamente desapercibida— y sus reuniones con José Antonio Kast, Johannes Kaiser y José Piñera adquieren importancia.

Nada de lo anterior es un argumento en contra de aprovechar la oportunidad tecnológica en nuestro país. Es, más bien, una prevención de que las preguntas políticas y antropológicas de fondo no pueden quedar fuera de la agenda. Pero nada de eso ha aparecido en la ministra Lincolao ni Pérez Mackenna. ¿Qué tipo de ecosistema de IA queremos? ¿Bajo qué condiciones regulatorias? ¿Tenemos a la vista las implicancias en la academia, el mercado y la política? El Congreso tiene actualmente en tramitación un proyecto que regula los sistemas de inteligencia artificial conforme a categorías de riesgo, principios de supervisión humana, protección de datos y transparencia. Es un proyecto del gobierno anterior, pero esta administración debiese tomarlo como una oportunidad para una reflexión más amplia, donde crecimiento e innovación se conjuguen con estas consideraciones.

La urgencia de «no quedarse atrás» puede ser tan peligrosa como la parálisis. En general, los países que mejor han navegado las grandes transformaciones tecnológicas no fueron necesariamente los primeros en aplicarlas, sino los que llegaron con una idea clara de qué quieren ganar y qué proteger. Chile necesita inversión, crecimiento e innovación, y el gobierno hace bien en salir a buscarlos. Pero esa noble intención no se basta a sí misma, pues requiere acompañarse de una conversación seria sobre las condiciones bajo las cuales se construirá el ecosistema tecnológico del país. Quienes nos gobiernan deben tenerlo presente.