La encuesta CEP confirmó que la carrera presidencial ya está en marcha y ello implica, entre otras cosas, que pronto se empezarán a articular y difundir los programas de gobierno de cada candidato. Entre los múltiples temas que éstos deberán abordar, está el conflicto social existente en La Araucanía, que abrió con especial fuerza el nuevo año.

La huelga de hambre de la machi Francisca Linconao y el proceso judicial que busca a los responsables del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay visibilizan, de manera contingente, un problema mucho más profundo, del que pocos se quieren hacer cargo. Las noticias sobre La Araucanía suelen ser aisladas a nivel nacional y principalmente vinculadas a hechos de violencia, a los que no sigue ninguna reflexión sistemática que permita generar acuerdos o proyectos colectivos para mejorar la calidad de vida en una de las zonas más postergadas del país.

Quizás la única excepción en el último tiempo ha sido la Mesa Asesora Presidencial convocada por el Gobierno, que logró reunir a un grupo diverso de actores de importancia local y con conocimiento real del conflicto mapuche. Instancia que, por lo demás, ha sido una excepción en el errático actuar del oficialismo, y particularmente de la Presidenta, en este ámbito. La Mesa ha anunciado que entregará a fines de enero un primer documento que aspira a traducirse en una ley especial para la región, particularmente orientada a resolver los temas pendientes con el mundo mapuche.

Considerando ese escenario, parece especialmente relevante que los próximos candidatos sean capaces de ofrecer una perspectiva global sobre la situación de La Araucanía, y no apenas juicios aislados que desconocen la complejidad del fenómeno, tanto en los niveles que abarca como en los actores que involucra. Una de las muestras más claras de la poca comprensión de lo que ocurre en la zona se expresa en el esfuerzo de algunos por reducir el problema a una pura cuestión de orden, lo que se ha traducido en los últimos años en un enfoque principalmente judicial y policial de los conflictos en la zona. Estrategia incapaz de explicar -y por tanto resolver- por qué ocurren conflictos que, sin embargo, como bien lo confirman las noticias de la semana pasada, no parecen ir en descenso.

Y es que la violencia difícilmente podrá resolverse si no se aborda primero el contexto que permite a ciertos actores justificarla. El trabajo consiste justamente en lograr mostrar el sinsentido de quienes optan por esa vía, y eso pasa por reconocer que existe un escenario problemático anterior a esas expresiones violentas. Esto en ningún caso justifica ni legitima los crímenes cometidos en La Araucanía, sino que muestra la necesidad de introducir las soluciones judiciales y policiales en un marco mayor, que considere las dimensiones sociales, económicas, territoriales y políticas que están también en juego.

Como bien dijo Francisco Huenchumilla, y como hoy lo anticipa el trabajo de la Mesa Asesora, la vía para enfrentar los problemas en La Araucanía tiene que ser política. Y ello consiste fundamentalmente, y en primera instancia, en sentar a dialogar a todos los actores involucrados. Eso transforma también en un imperativo para los candidatos presidenciales la entrega de propuestas reflexivas ⎼pero concretas⎼ para abordar el complejo escenario de una región cuya población reclama, con fuerza, su verdadera integración al desarrollo nacional.

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