Columna publicada el 23 del abril de 2023 por La Tercera Desde hace un tiempo se repiten advertencias en el ámbito de la opinión pública respecto al riesgo de que Chile entre, políticamente, en una “deriva autoritaria”. Con el ascenso sostenido dentro del imaginario popular de la figura del Presidente salvadoreño Nayib Bukele, que lleva años gobernando en estado de excepción constitucional, y la demanda de alcaldes de distintos sectores políticos por decretar estado de emergencia para hacer frente al crimen, el concepto de “deriva autoritaria” merece mayor examen. Hablamos de “deriva” porque la degradación del estado de derecho democrático ocurre no de una vez, sino mediante pasos discretos y acumulativos. El estado de derecho es una situación tal que la ley y la conducta social aparecen fuertemente acopladas. Las personas, en un contexto así, confían en las instituciones y las instituciones tienen suficiente capacidad normativa sobre el comportamiento de las personas. El estado de derecho comienza a degradarse cuando la sensación extendida de impunidad selectiva o general del sistema lleva a la gente a desconfiar de las normas democráticas como regulador de la propia conducta. La pérdida de capacidad normativa de las instituciones lleva en Chile muchos años gestándose. Han contribuido a ella todos los bandos políticos y todas las clases sociales, pero resultan especialmente significativos los grandes escándalos de corrupción en el ámbito de las jerarquías políticas, eclesiásticas, militares, policiales y empresariales durante los últimos 15 años. La impresión generalizada de impunidad para los poderosos degradó rápidamente el apego de las personas a la ley, que en nuestra cultura nunca se ha basado principalmente en convicciones éticas. Los latinoamericanos siempre miramos para el lado y regulamos nuestra actitud según lo que vemos: si el resto no cumple, yo tampoco tengo por qué. Los escándalos de corrupción de las élites fueron un gran llamado a dejar de cumplir. La desconfianza como rasgo cultural chileno se remonta muy atrás en la historia, quizás incluso al ámbito de la cultura Mapuche, que nunca desarrolló pueblos o ciudades, se mantuvo articulada en torno a núcleos familiares estrechos y siempre consideró al otro de manera intensa como potencial fuente de todo tipo de males y peligros. Esta desconfianza se acopló de manera natural con los postulados individualistas supuestos por el proyecto de modernización capitalista. Esta afinidad electiva rara vez ha sido explorada por la literatura sociológica, pero sin duda explica bastante el éxito del capitalismo de mercado ahí donde otras formas de organización fracasaron. El “sujeto neoliberal”, tan referido por los analistas del estallido de 2019 y el proceso posterior, aparece entonces como el chileno individualista y desconfiado llevado al extremo por las circunstancias: al romperse el espejismo de la igualdad ante la ley, se declara la ley de la selva. Primero esto es celebrado de manera violenta e histérica como liberación y retribución. Sin embargo, luego es el miedo a los otros lo que comienza a dominar el panorama, y la exigencia de una restauración de la capacidad de coordinación del Estado mediante la fuerza. La pandemia, en alguna medida, nos dio una probada de lo que un Estado policial parece, y muchas personas valoraron este régimen de vida por las seguridades que provee. Con la delincuencia desatada, la clase política deslegitimada, el proceso constitucional cojeando y la desconfianza en los demás llevada al límite (como muestra la última encuesta Bicentenario), parece claro que las posibilidades de mantener viva una convivencia democrática sana van a la baja. En términos materiales, además, la baja dotación de las policías, las precariedades de su entrenamiento y las limitaciones de su armamento, hacen la utilización de fuerzas militares para el combate del crimen cada vez más atractiva para la opinión pública. Si se le suma a esto una nueva crisis sanitaria este invierno producto del colapso del sistema de salud, la presión sobre el gobierno para ampliar el estado de emergencia de las macrozonas a casi todo el país puede hacerse difícil de resistir. Puede ser un muy frío invierno para nuestra democracia.