“¿Por qué nos cuesta cambiar?”. Esa es la pregunta con la que nos interpela el último informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado esta semana. La pregunta es provocativa, sobre todo a la luz de las circunstancias particulares en que se formula: a casi cinco años de una crisis de la magnitud del estallido de octubre de 2019 seguimos más o menos en el mismo lugar. Las demandas desoídas que se constataron en ese momento –tristemente más consensuadas que el cuestionamiento de la inédita y brutal violencia con que se levantaron– están aún a la espera de respuestas. Al mismo tiempo, las vías institucionales ofrecidas para ello, como fue el Acuerdo del 15 de noviembre, fracasaron. El telón de fondo de esto es una clase política que no logra escapar a dinámicas polarizadas y fragmentadas, prisionera de ajustes de cuentas recíprocos y desconectada de una ciudadanía que la castiga cada vez que puede. Y cómo no, si la percepción generalizada en ella es que, como dice un entrevistado, “seguimos igual que siempre”.

El informe deja así la inquietante sensación de habernos detenido en el tiempo, y de asistir a una escena donde los actores repiten una y otra vez los mismos movimientos, sin capacidad de modificar el rumbo. Han pasado cosas relevantes, por cierto. Las propuestas constitucionales fueron rechazadas, pero nos dieron lecciones significativas: el resultado del 4 de septiembre de 2022 mostró que las grandes mayorías no compartían la tesis del despojo y revindicó un gradualismo que obligó a moderar los afanes refundacionales de muchos. Pero eso no parece habernos sacado de la parálisis, y aunque la política ve los problemas, no sabe cómo salir de ellos. La tragedia es que, si nada cambia, todo empieza a empeorar. Es lo que confirma también el informe al describir el pesimismo que inunda a la ciudadanía, junto con la percepción de que ha disminuido su agencia colectiva: no tiene cómo cambiar las cosas y los que la representan están sumidos en sus propios conflictos. Que el corolario de ello sea una sociedad más individualista y sin disposición a asumir costos correspondientes con las aspiraciones es casi de perogrullo. En ese escenario, ¿qué más queda que volcarse sobre uno mismo? De paso, el vínculo instrumental derivado de esto entre la ciudadanía y los liderazgos políticos queda asegurado: o me das lo que pido, o te quito mi apoyo dice la primera, mientras dichos liderazgos, inconsistentes, van dando lo que sea con tal de mantener el lazo. No parece haber de este modo proyecto político posible.

El panorama no es alentador, pero quizás ayude reconocerlo. Se acerca un nuevo periodo electoral, donde la combinación entre el predominio de independientes para las municipales y falta de nombres nuevos para la presidencial, solo confirma la sensación de que estamos estancados, y sin condiciones para salir de ahí. En ese sentido, la primera interpelada por el PNUD es la política, por más que se subraye, con razón, que las dificultades para conducir cambios en Chile pasan por la sociedad completa. Sin una política dispuesta a encarnar aquello que nos falta, será difícil exigirlo al resto de los actores. Y tiene que hacerlo asumiendo los costos que nadie más quiere asumir, mientras apela a las aspiraciones más altas, aunque pocos quieran responder a ellas. Porque el informe muestra que las elites también están enojadas con la ciudadanía. La encuentran individualista, presentista, exigente, poco dispuesta a sacrificios. Sin embargo, por el momento, la elite política parece más tentada a ceder a esas dinámicas que de quebrarlas, pues eso le permite al menos ganar. Es un triste premio de consuelo, porque lo evidente es que hoy el desafío es lograr gobernar y, sobre todo, mejorar las vidas cuyo destino tiene en sus manos. Si no sale de ahí, la política terminará de reducirse a la mera lucha vacía por el poder, y los motivos para alejarse de ella, o para no distinguirla de otras formas más problemáticas, terminarán de justificarse. En ese momento ya no quedará margen de espera.