Es difícil negar que un desarrollo sustentable exige generar un tejido social fuerte y cohesionado. El primer paso es reconocer a la familia como cimiento del edificio social y como sujeto político prioritario, tal como argumentamos en una columna anterior sobre la necesidad de “una política para la familia”. Es deber del Estado, y de la sociedad en general, crear las condiciones materiales y culturales necesarias para que la comunidad familiar pueda cumplir con sus funciones específicas, respetando su espacio de libertad y autonomía.

En este sentido, se requiere de una institucionalidad apropiada que tenga como objetivo lo anterior, vale decir, el reconocimiento, protección y fortalecimiento de la familia, considerando las dos dimensiones que requiere una política que se haga cargo de esta perspectiva. En primer lugar, políticas integrales que consideren a la familia como unidad, más que como un conjunto de agregados e intereses individuales. Y en segundo lugar, políticas integradoras, de modo que las medidas sectoriales (de salud, seguridad, educacionales, económicas, laborales, entre otras) incorporen el bienestar familiar como criterio estratégico transversal.

Siendo la familia un área prioritaria, que exige ser abordada integralmente, quizás es el momento de pensar en un organismo o estructura administrativa  con el rango y entidad correspondientes a su misión. En este sentido, y tal como tienen varios países del mundo (países que en ningún caso tildaríamos de conservadores), la propuesta de un Ministerio de la Familia —de una entidad de primera relevancia—, con la suficiente capacidad organizativa y presupuestaria para llevar a cabo esta tarea, parece la respuesta más adecuada.

Esto no necesariamente significa un incremento del aparato estatal. Un Ministerio de la Familia implicaría, antes que todo, una reestructuración que unifique a los organismos gubernamentales que actualmente están enfocados a algunos de los miembros particulares de la familia y sus necesidades específicas (Sernam, Injuv, Senama, Sename). De modo tal que sea posible garantizar un esfuerzo conjunto e integral para el bienestar de la familia como red fundamental de protección social. No se trata, por tanto, de crear más instituciones burocráticas, como temen algunos, sino precisamente de reorganizarlas para dotarlas de eficacia y eficiencia.

Un segundo objetivo importante es elaborar iniciativas universales y transversales de prevención, mediación y fomento de la familia en Chile. Medidas conducentes al fortalecimiento de los lazos de solidaridad dentro del grupo familiar, a fin de lograr mayor cohesión y estabilidad (matrimonios saludables, paternidad responsable, corresponsabilidad en el hogar, y el bienestar físico y emocional de los padres y los niños). Y también a mejorar su interacción con los sistemas sociales que influyen en ella.

En tercer lugar, es primordial elaborar políticas destinadas concretamente a las familias en situación de vulnerabilidad (políticas asistenciales), que deben hacer frente a problemas en su funcionamiento interno o su relación con el medio (violencia intrafamiliar, abandono, abuso de drogas o conductas de riesgo, desempleo, deserción escolar, enfermedad catastrófica, entre otros), que sin duda merecen una urgente atención.

Asimismo, es necesario procurar la descentralización respecto de las políticas familiares, de acuerdo a un plan integral nacional. Para ello hay que posibilitar y exigir a los organismos regionales y municipales —a través de centros de apoyo familiar, casa de la familia, departamento de la familia, entre otros— elaborar iniciativas que se ajusten a la realidad concreta de sus distintas localidades, y estén más próximas a sus necesidades.

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