Columna publicada el sábado 15 de agosto de 2020 por La Tercera. Celestino Córdova está condenado por haber participado del asesinato de dos personas que fueron quemadas vivas. Hoy hace una huelga de hambre exigiendo privilegios que harían inexistente el castigo por sus actos (cosa que ningún convenio internacional vigente ampara). Dicha huelga, por la brutalidad de su caso, opaca todas las demás huelgas y demandas. Luego, se ha convertido en la frontera de disputa. En el centro del nudo ciego que es hoy el conflicto mapuche. El crimen cometido por el comunero es tan horrendo, que para no ruborizarse al defenderlo lo único que le queda a muchos es convencerse de que no es culpable. De que todo es un montaje. De que no hay pruebas. Todo esto fundado en razonamientos genéricos y arbitrarios. El mismo mecanismo que aturde la razón de algunos victimarios, aturde también a quienes consideran que es tan inconveniente que el acto criminal sea cierto, que no puede serlo. Este mecanismo defensivo lo vimos operar con lujo de detalles después del brutal asesinato de Camilo Catrillanca. La verdad era tan horrenda, tan indecible, tan inconveniente, que muchos preferían simplemente no creerla. Corrieron miles de teorías para justificar el asesinato. Se pedía comprensión para los carabineros. Se destacaba que Catrillanca no era “una blanca paloma”. Los mismos subterfugios y excusas que difunden ahora los defensores de Córdova. Ahora, lo cierto es que ningún vocero importante de la causa mapuche alega la inocencia de Córdova. Saben que estratégicamente es causa perdida. Destacan, entonces, que lo clave aquí es que se haga justicia de acuerdo a la cosmovisión y las costumbres del condenado. Que el asesino fuera castigado según la ley mapuche. Sin embargo, si Córdova hubiera sido condenado por la justicia de un pueblo carente de sistema penitenciario, donde nadie financia mantener con vida a los infractores apresados, habría sido entregado a la familia de las víctimas para que éstas hicieran con él lo que estimaran conveniente. Tal castigo violaría los derechos fundamentales del condenado, además de ser incomprensible, en este caso, para esos familiares. Por otro lado, y con mayor razón si se trata de un crimen interétnico, lo lógico es que el imputado sea procesado por un sistema de justicia capaz de asegurar un debido proceso. Los mapuches no cuentan hoy con tal sistema. Luego, rige el chileno. Finalmente, si uno piensa que el gobierno es el responsable por la salud de Córdova lo lógico sería que aceptaran que el huelguista fuera sedado y alimentado por sonda. Después de todo, esa responsabilidad autorizaría a no tomar en cuenta la voluntad del condenado para conservar su vida. Lo cierto, al final del día, es que el caso Córdova, por el curso que ha tomado, dañará profundamente a la causa mapuche. Y es que no todos quienes la hemos defendido estamos dispuestos a pagar el precio de justificar, con argumentos espurios, a un asesino. Nadie que queme vivas a dos personas inocentes -ni en la tradición chilena ni en la mapuche- es un héroe ni un mártir, incluso si muere montando una farsa para presentarse como tal. Y nadie que desee un mundo más justo, de la cultura que sea, podrá construirlo mediante el crimen y la mentira.