“Yo me temo que estamos frente a un nuevo tipo de dogmatismo… Aquí hay un grupo que se siente superior moralmente y poseedor de la verdad, que quiere imponer sus ideas, y la verdad es que no es tan distinto del extremismo de derecha”. Así se refería Mariana Aylwin, en una entrevista publicada a comienzos de febrero, a las diatribas de los dirigentes estudiantiles ante la nominación de Claudia Peirano como subsecretaria de Educación. Tanto la trama como el desenlace de este episodio confirman la pertinencia de los dichos de Aylwin. Su advertencia, en rigor, excede el ámbito educacional: con el nuevo Gobierno se anuncian múltiples y complejos debates y, por lo mismo, debiera inquietarnos la nula capacidad de diálogo que se ha instalado crecientemente entre nosotros.

¿Exageración? A los pocos días del “episodio Peirano” fue el turno de Jaqueline Van Rysselberghe. Bastó que la senadora electa se manifestara contra la adopción por parte de parejas homosexuales para que, de inmediato, presenciáramos una nueva manifestación del nuevo dogmatismo. El planteamiento de Van Rysselberghe no sólo es mayoritario en Chile –así lo indican todos los estudios disponibles–, sino que por lo pronto tiene un punto: no existe un “derecho a la adopción”, porque el bien que ésta protege en primer lugar es el de los niños y no el de los adoptantes. Luego, lo mínimo que cabe es un debate sobre el asunto. Pero a ojos del nuevo dogmatismo no caben las refutaciones ni tampoco las dudas. Van Rysselberghe “estigmatiza, ofende, denigra y lastima”, e incluso ahora nos enteramos que la senadora electa y otros parlamentarios serán llevados a tribunales: su “fundamentalismo” y su “homofobia cavernaria” no pueden quedar indemnes.

¿Es sensata esta manera de afrontar la discusión pública? ¿Es posible resolver adecuadamente nuestras diferencias siguiendo este camino? En su célebre De la Democracia en América, Tocqueville advertía sobre el poder singular que en el mundo democrático puede llegar a ostentar aquella opinión pública que “no persuade con sus creencias; las impone y las hace penetrar en los ánimos, como por una suerte de presión inmensa del espíritu de todos, sobre la inteligencia de cada uno”. Pareciéramos estar viendo, precisamente, un esfuerzo impositivo y no persuasivo: si alguien se atreve a cuestionar las consignas de moda no sólo es descalificado, sino que, dependiendo del caso, obligado a renunciar a su cargo o de frentón enviado a tribunales. ¿Es esto razonable?

Si la política es algo más que fuerza y dominación, esta manera de encarar el debate no sólo es abusiva, sino que sencillamente absurda. Todos quienes intervienen en el espacio público sostienen determinadas posiciones –no existe la neutralidad– y, por lo mismo, quienes participan de la discusión deben ofrecer razones en defensa de sus planteamientos, no intimidaciones. De lo contrario, estamos en presencia de cualquier cosa, menos de un debate racional. Además, si de combatir los abusos y las discriminaciones se trata, ¿son coherentes con ese anhelo los medios utilizados por quienes abdican del diálogo y hacen de la descalificación su arma de batalla?

Siguiendo con Tocqueville, estos asuntos debieran “hacer reflexionar profundamente a aquellos que ven en la libertad de la inteligencia una cosa santa, y que no sólo odian al déspota, sino al despotismo”. En particular, se trata de algo que debieran tener muy presente los dirigentes políticos: ellos están llamados a ejercer liderazgo y mediar ante las diversas demandas, y no a entregarse sin más ante las exigencias del momento. Especialmente cuando la forma en que éstas se expresan es la antítesis del intercambio de ideas. De la existencia de esa mediación depende, en buena parte, que el nuevo dogmatismo sea sólo un riesgo latente y no, como temía el pensador francés, una nueva forma de esclavitud.