Columna publicada el lunes 13 de marzo de 2023 por La Segunda. La propuesta de “estructura constitucional” o simplemente índice, dada a conocer el viernes por la mesa de la Comisión Experta, mantiene la mesura que ha caracterizado la instalación de este órgano. Atrás quedaron los días en que la fallida Convención juzgaba la trayectoria del Chile republicano —octubrismo mediante— como pura “opresión y despojo”. En rigor, en el esquema que los comisionados deben votar en el pleno de este miércoles resuena la historia larga y corta de la república. Naturalmente, dicho esquema permite anticipar algunas innovaciones (y disputas). Por un lado, se habla de “Corte Constitucional” y de “procedimientos de cambio constitucional”; por otro lado, se contempla un nuevo capítulo de “representación política y participación”. Pero la sola lectura del índice sugiere que, en lo fundamental, acá se busca elaborar una nueva carta magna a partir de (y no en contra de) la tradición constitucional chilena. Es lo que indican no sólo las sobrias palabras empleadas, sino también la mantención de las principales instituciones del país, comenzando por los clásicos tres poderes del Estado. Quizá el punto que mejor refleja ese ánimo de articular la continuidad y el cambio sea el modo en que se nombran los poderes ejecutivo y legislativo. Respectivamente, “Gobierno y Administración del Estado” y “Congreso Nacional”. A primera vista no parece la terminología más precisa: en abstracto, lo lógico sería hablar de las funciones involucradas —ejecutiva y legislativa—, o bien derechamente del Presidente de la República y el Congreso. Lo cierto, sin embargo, es que se trata de un guiño a los textos de 1833 y 1925 (donde el capítulo del Congreso Nacional antecede a los otros poderes del Estado), pero también a la Carta vigente (donde el título correspondiente es “Gobierno”). Con todo, la mejor noticia del índice tal vez no reside en su tenor literal, sino que en los argumentos y reflexiones que ofrecieron algunos comisionados al comentar el esquema. En concreto, cabe destacar el consenso latente, expresado por los comisionados Lovera (designado por el Frente Amplio) y González (nombrada por la UDI), según el cual aquí —citando a Lovera— “no se altera la forma de gobierno” presidencial. Es de esperar que ese ánimo se termine de ratificar con el paso de las semanas. Porque, una vez despejado ese tema y consolidado transversalmente el presidencialismo, será factible abordar el mayor desafío de este nuevo proceso en materia de sistema político: ¿Cómo disminuir la fragmentación política imperante? ¿Con un umbral mínimo de representación parlamentaria? ¿Trasladando la elección de los parlamentarios a la fecha del balotaje presidencial? ¿Fijando las bases de un nuevo sistema electoral? ¿Todas las anteriores?