Columna publicada el miércoles 22 de mayo de 2024 por El Líbero.

Ha pasado casi un mes desde el atentado contra los tres carabineros que conmocionó a Chile. En todo ese tiempo la clase política, que se mostró afectada de manera casi transversal, aún no ha dado luz verde definitiva a ningún avance concreto en materia legislativa. La mayoría de los nuevos proyectos en la agenda de seguridad siguen discutiéndose y retrasándose en el Congreso. Todavía no se ha identificado a ningún sospechoso y, por otro lado, tampoco se ha dado respuestas suficientes a las familias afectadas. La frase del Presidente Boric según la cual no habrá impunidad para los responsables del brutal atentado siguen suspendidas en el aire. Acá se necesitaban acciones inmediatas que representaran la conciencia de que pasó algo inaceptable. Nada de eso ocurrió. El Gobierno, tal vez aliviado porque el momento de conmoción y presión ya pasó, parece que decidió enfocarse en la elaboración de otras medidas. Las energías durante la semana pasada prefirieron ponerse en la creación de un mecanismo para condonar el CAE o en el establecimiento de un superministerio del Interior anómalo que difícilmente será aprobado por la oposición. La derecha, mientras tanto, no lo hace mejor y se quedó atrapada en la discusión de las Reglas de Uso de la Fuerza, necesarias para controlar el orden público pero poco relacionadas con la respuesta inmediata al atentado. Reglas que, además, llevan más de un año en tramitación en gran medida por las diferencias al interior del oficialismo. Por estos y otros motivos, y ante la vista y paciencia de toda la clase política, el Estado volvió a demostrar su poca capacidad de respuesta. Ante un ataque similar, en cualquier país desarrollado se hubiera reaccionado con fuerza, rapidez y sin titubeos, pues entienden que la legitimidad y el funcionamiento de las instituciones se funda en la capacidad de su propia preservación. Por eso es preocupante el deterioro que ha sufrido el aparato público chileno, tanto en su funcionamiento como a nivel de imagen pública. El atentado contra Carabineros de Chile en la provincia de Arauco no fue más que un reflejo y consecuencia de esa cruda realidad: hoy es posible atacar fuertemente al Estado de Chile casi sin sufrir represalias. Los terroristas de la macrozona sur y los narcotraficantes de todo el territorio nacional lo saben y por eso lo desafían. Cuando los Estados sufren ataques responden con fuerza para cumplir precisamente con ese fin superior: mantener la confianza y respeto a las instituciones. Por ese motivo, aunque se desechó por motivos técnicos y al parecer por propia sugerencia de las Fuerzas Armadas, algunos salieron a pedir Estado de Sitio después de la tragedia. Era, al final de todo, una señal que reflejaba la impotencia de muchos. Si el atentado se produjo con Estado de emergencia y con militares resguardando la zona, el Estado de sitio era para muchos parte de un mensaje que se tuvo que dar desde el primer momento: no se puede atentar contra nuestros funcionarios públicos sin sufrir consecuencias. No era la mejor herramienta, pero sí uno de los pocos mecanismos con que se contaba para al menos demostrar algo de proporcionalidad en el ataque. Sin una organización de inteligencia que agrupe a Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas y sin garantías políticas y judiciales para que militares y carabineros pudieran cercar y actuar en la zona, ¿qué más se podía hacer? Ese mecanismo era uno posible, pero pareció desecharse sin más. Ni esta tragedia logró alterar el curso de inacción imperante. El Estado de Chile, su población y policías siguen igual de desprotegidos ante el peligro de narcotraficantes y terroristas. El panorama es tan delicado que incluso podría generarse otro atentado de características similares y seguiríamos casi en la misma situación de hace un mes atrás. Lo peor de todo es que nadie sabe qué más tiene que pasar para cambiar el foco. Sin grados relevantes de eficacia, el sistema sólo se deslegitimará aún más.