Columna publicada el miércoles 29 de junio de 2022 por CNN Chile.

La enfermera Pola Álvarez terminaba su turno el domingo por la noche. Los días anteriores habían sido difíciles para ella, pues se rumoreó que Pola era hostigada y amenazada por parte del personal de la clínica donde trabajaba. Estaba a punto de llegar a su domicilio cuando se percató que dos personas en moto la esperaban en la entrada del pasaje. Pola, al ver una foto suya en el celular de los sujetos, supo en seguida que algo malo ocurriría. Y así fue: la apuñalaron 11 veces, sin piedad.

Muchos políticos hicieron campaña utilizando las dificultades cotidianas más básicas de la ciudadanía, y una importante era, precisamente, la demanda por seguridad. De hecho, el mismo presidente Boric profundizó esa dimensión durante la segunda vuelta obteniendo mejores resultados: su representación aumentó al instante, la gente necesitaba protección. Dicha actitud era y sigue siendo incómoda dentro de algunos sectores de izquierda que consideran de cierta manera al delincuente como una “víctima” de la sociedad. Así, pese a que el miedo tuviera justificaciones basadas en experiencias reales, se empeñaron en presentarlo como una mera pulsión irracional o una creación ficticia alentada por las élites.

Sin embargo, al salir electo, el Boric de segunda vuelta volvió a desaparecer, no tardando en plegarse a sus lotes más radicales. De tal forma sentenció diciendo que “La esperanza le ganó al miedo”. Hoy, a más de cuatro meses de iniciado el gobierno, aún no sabemos a qué esperanza se refiere.

La verdad es que el miedo sigue presente en la ciudadanía y lo que es peor, se ha ido expandiendo. No es que se desprenda de hechos aislados, sino que de una serie rutinaria de ataques. Basta solo recordar tragedias recientes como el asesinato del cabo segundo David Florido Cisterna, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda durante un procedimiento. O a Segundo Catril Neculqueo, el trabajador mapuche que recibió un balazo en la cabeza por terroristas en Lumaco y a cuyo funeral no asistió ninguna autoridad. O cuando delincuentes maniataron al esposo de la ministra de Defensa de la República.

La mayoría de las personas conoce a alguien que ha sufrido delitos de extrema violencia en el último tiempo. Las noticias también lo muestran a todo momento: hace solo un par de días asesinaron a puñaladas a un hombre a la salida del metro, a plena luz del día, con testigos presentes, y a otro sujeto le dispararon en la estación Baquedano. Cómo podríamos no temer entonces, si algo tan básico como tomar el transporte público se está volviendo peligroso.

De esta manera, Chile atraviesa la peor crisis de seguridad en 30 años. Y era predecible: cuando en un país la mayoría de las fuerzas políticas y figuras públicas debilitan el Estado de derecho, la protección de la vida y la propiedad, y el respeto al orden público, la descomposición no tarda en llegar. La inmigración ilegal descontrolada apoyada en su momento por sectores de izquierda y la inoperancia del gobierno de Sebastián Piñera en la materia solo empeoró el asunto.

Según cifras de la Policía de Investigaciones los homicidios aumentaron un 26,7% en solo un año. Y, por si todo lo anterior fuera poco, el mismo subsecretario Monsalve confirmó la presencia de tres de las bandas de crimen organizado más peligrosas del mundo: el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.

En resumen, la situación no se ve alentadora. Más cuando parece que parte de la ciudadanía, en vez de esperar a que la autoridad actúe, decidió defenderse por sus propios medios. Quizás por eso el gobierno presentó un proyecto de ley para requisar también el armamento legal y debidamente inscrito. El problema es que, según cifras de la PDI, el 60% del total de las armas incautadas no tiene origen legal. Y es lógico: pues a grupos que cometen actividades delictuales no les conviene legalizar su armamento. De hecho, las armas hechizas de los narcos poblacionales o las AK-47 con las que se pasean los miembros de la CAM a vista de todos, no pueden ser inscritas.

Muchas veces suele ocurrir que termina pagándose un alto precio por jugar con las esperanzas de la ciudadanía, puesto que una vez incumplidas esas promesas queda el desamparo. ¿Qué esperanza nos queda?, se pregunta la ciudadanía. ¿La que se pierde con la incertidumbre que junto a otras causas ha colaborado para que dólar aumente a más de 900 pesos? ¿La de la inseguridad alimentaria por los campos quemados y los amedrentamientos a camioneros en todas las carreteras del país? ¿O la que nos hace temer cada día en el trayecto de vuelta a nuestras casas?

Aún tenemos miedo, Presidente.