El debate sobre los textos escolares vuelve cada marzo. Hace un año presentamos en el Instituto de Estudios de la Sociedad el informe “Calidad, formato y mercado de los textos escolares en Chile”, disponible online. En él se explica que en Chile existen dos mercados de textos escolares: el estatal y el privado. Tomados en conjunto, el privado no representa más del 10% del total, pero cada texto en él cuesta entre 10 y 20 veces más que en el estatal y el gasto en ellos representa cerca del 80% del presupuesto de compras escolares a inicios del año.

Son mercados distintos porque el estatal opera mediante licitaciones que pasan por ciertos filtros preestablecidos, mientras que el privado opera a partir de la competencia de las editoriales por capturar el favor de establecimientos facultados para exigir textos “del año”.

Lo primero que ambos mercados tienen en común es que a pesar de la diferencia de precios, los contenidos de los libros son sustantivamente los mismos, reutilizados año a año (lo que fue confirmado por un informe de la Fiscalía Nacional Económica del 2011). Lo segundo es que son altamente imperfectos -partiendo por el hecho de que en ambos existe una mediación de la compra por parte de alguien distinto al usuario- y bastante concentrados (el 2013 Santillana controlaba un 44% del mercado privado, seguido por SM con un 30%, mientras que la misma Santillana obtuvo para los textos del 2015 la licitación de cerca de un 33% del monto asignado por el Mineduc, seguida por Cal y Canto con cerca de un 13%).

En cuanto a los criterios que los establecimientos privados y particular subvencionados -que tienen la opción de usar los libros del Ministerio- utilizan para seleccionar los libros que exigirán, las denuncias respecto a la oferta de “estímulos” (desde viajes al extranjero para los directivos hasta donación de libros para las bibliotecas) que no tienen que ver con la calidad de los textos son graves. Después de todo, los pagan los padres. Una forma de evitar este abuso, considerando que los textos son similares, es prohibir a los colegios exigir “textos del año”.

Pero lo más preocupante de todo es que existen serias dudas respecto a la calidad general de los textos escolares nacionales en comparación con los de países con buen nivel educacional. Esto fue evidenciado por el informe de la comisión Eyzaguirre-Fontaine del CEP de 1997, y luego actualizado y confirmado por la investigación “Textos escolares y calidad educativa” de 2013 de Seoaje y Orellana. Así, a pesar de algunos esfuerzos del Mineduc durante los últimos años, es posible que estemos eligiendo entre lo malo y lo menos malo, y pagándolo caro.

En este escenario, una posibilidad para generar competencia en cuanto a contenidos sería que el Mineduc licitara por separado el contenido y la impresión de los textos, además de pasar dichos contenidos al dominio público, lo que entregaría una alternativa a los establecimientos privados. Así, volvería más exigente un mercado que si cayera hoy bajo el radar de los movimientos sociales, sería indefendible.