Todo esto permite entender el origen de la rabia, la desconfianza y el miedo. Y también de la violencia. Los mapuche, devenidos en minoría indígena, dependen para hacer avanzar sus reivindicaciones del mismo poder que los expolió y que los maltrata e ignora cotidianamente. Y, para peor, sus demandas chocan con intereses y anhelos legítimos de los habitantes de los enclaves coloniales instalados tras la “pacificación”.

Pero hay más: la misma organización descentralizada y casi anárquica que facilitó a esta sociedad detener el avance español (¿cómo conquistar a quien no tiene ciudades ni príncipes?), hoy dificulta construir acuerdos con ellos y entre ellos. Su lógica política, que niega la idea misma de representación, resulta casi intraducible a nuestros términos y complica la idea de “autogobierno”.

Nada de esto, eso sí, justifica el violentismo, que ha llegado hasta actos de miseria moral extrema, como quemar personas vivas o incendiar escuelas, iglesias y hospitales. Tampoco la retórica racista etnonacionalista. Ese camino solo puede llevar a daños irreparables y -especialmente en un momento populista como el actual- a una reacción soberanista chilena.

El camino hacia adelante, en cambio, parece tener dos componentes básicos: revivir y renovar la institución de los parlamentos -vigentes como mecanismo de acuerdo por más años de los que ha existido la república- y pensar una forma de reparación del territorio mismo, que involucre a todos los habitantes de La Araucanía, pues todos se han visto golpeados y enfrentados por un mal del que no son responsables. Desde ahí puede comenzar a proyectarse un orden local subsidiario del Estado, pero que vaya generando cada vez más autonomía para una zona donde los modos de vida de mapuches y de chilenos puedan convivir en paz e igualdad de condiciones.