Columna publicada el martes 31 de agosto de 2021 por La Tercera. Llevo cuatro años estudiando los orígenes del principio de subsidiariedad, que básicamente establece la prioridad y autonomía de las organizaciones sociales entre el individuo y el Estado para hacerse cargo de los asuntos que caen bajo su esfera de actividad. Se llama a esto “subsidiariedad” porque se espera que el Estado, de ser necesario, respalde y ayude a estas organizaciones a cumplir sus fines, en vez de tratar de suplantarlas. La historia de la idea de subsidiariedad coincide, en Occidente, con el proceso de separación de autoridad espiritual y autoridad política, grieta en cuyo intersticio comienza a emerger la sociedad como algo distinto a la unidad política. Hoy nos parece casi obvio hablar de sociedad y Estado como cosas diferentes, pero la ciudad antigua era un orden total, donde esa distinción no tendría sentido. El principio de que la institución política debe estar al servicio de sus organizaciones parciales prácticamente invierte la lógica de la polis griega: familias y villas, por ejemplo, son exclusivamente instrumentales, según Aristóteles, para lograr realizar la polis. No tienen un valor intrínseco. Para poner esta idea patas arriba tuvo que haber un cambio en la forma en que se pensaba la realización humana: la separación de la esfera religiosa respecto a la esfera política -operada por la crisis que da origen al judaísmo del Segundo Templo- hizo posible adjudicar la realización a organizaciones intermedias desde el punto de vista del orden político. La salvación no vendría del poder temporal, sino de la comunidad de salvación organizada como cuerpo intermedio. Un largo camino conecta ese momento con el presente. Pero la noción de que la realización humana radica en organizaciones intermedias goza de buena salud. En Chile, por ejemplo, la familia emerge sistemáticamente en las investigaciones sociológicas como la principal fuente de sentido para las personas. Iglesias, clubes deportivos y otros tipos de asociaciones le siguen en los listados. Y lo lógico sería esperar que el Estado apoye a estas organizaciones para que puedan realizar de la mejor manera posible sus funciones. Sin embargo, no hay claridad política en este asunto. La derecha, dejada a sus instintos ideológicos más básicos, termina promoviendo formas darwinistas de capitalismo, centradas en el triunfo individual, que arrasan con las asociaciones intermedias en nombre de la eficiencia. La izquierda, en la misma situación, despliega un afán estatista que barre con dichas asociaciones en nombre de la igualdad. Hoy, cuando nada goza de mejor prensa que las comunidades de sentido subalternas, hace bien pensar en las contradicciones de nuestro debate público, que el mismo día es capaz de declarar sacrosanta la autodeterminación de los pueblos, y negar a los padres la prioridad en la formación y educación de sus hijos. O bien reivindicar la libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos, pero sin poner en duda que el primer filtro de entrada a muchos de esos proyectos sea el económico. O, como tercer ejemplo, ser capaces de reconocer la responsabilidad penal corporativa, pero no la objeción de conciencia institucional, usando argumentos exactamente contradictorios en cada caso. Ni hablar de la virulencia con que es tratada por algunos la Fundación Teletón, que provee un servicio público de calidad y gratuito, al tiempo que ellos mismos llaman a comprometerse con lo público y organizarse “desde las comunidades”. ¿Es lo público lo mismo que lo estatal? ¿Son las empresas parte de la sociedad civil? ¿Dotan sus fines de personalidad corporativa a las instituciones? ¿Son las organizaciones solidarias de la sociedad civil el reflejo de un déficit de Estado o de una fortaleza de la sociedad? Todo esto se relaciona con las reflexiones que nos pone por delante la idea de subsidiariedad. Por eso es una gran y feliz noticia la publicación, por parte del Instituto de Estudios de la Sociedad, de “El Estado subsidiario” de la filósofa francesa Chantal Delsol, que tuve el honor de prologar. El libro (cuya autora creo que no estaría tan de acuerdo con lo que digo aquí sobre la polis griega) abre una puerta para el pensamiento sereno respecto a estos asuntos, lejos del griterío histérico y los lugares comunes superficiales que colapsan las redes sociales. Este texto, que explica la distancia entre Estado subsidiario y Estado de bienestar, parece llegar en el momento justo para ser útil a nuestra discusión constitucional. Por lo mismo, será muy interesante ver hoy en la tarde, en el lanzamiento del libro, el diálogo que logren construir entre el exMinistro de Hacienda Rodrigo Valdés, la jefa programática de la campaña de Gabriel Boric, Javiera Martínez, y el constituyente RN Ruggero Cozzi. Es la oportunidad para una discusión honesta y sin caricaturas sobre un tema de fondo. Justo lo que millones de chilenos y chilenas esperan de la política, pero ésta rara vez produce.