Columna publicada el 17 de julio de 2023 en La Segunda. Aunque recién hoy vence el plazo para que los consejeros presenten sus enmiendas al anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, la discusión al respecto ya comenzó. En concreto, algunas voces alertan sobre el riesgo de cometer “el mismo error” de la fallida Convención, en virtud de las propuestas que anuncia la bancada republicana: forzar un redistritaje, fortalecer el Tribunal Constitucional y suprimir la paridad de salida, entre otras. Desde luego, la advertencia es pertinente. En parte porque una porción de esas voces proviene de la “centroizquierda por el Rechazo” —un mundo política y simbólicamente relevante en la campaña previa al 4 de septiembre, y que desempeñará un papel este año—; y en parte porque es sabido que el fracasado órgano constituyente mostró un desprecio sistemático por los acuerdos transversales. Sería ingenuo e irresponsable ignorar esa experiencia al articular el texto que será plebiscitado en diciembre. Con todo, también debe decirse que la prevención tiene sus limitaciones. Por de pronto, es necesario poner las cosas en perspectiva: nada indica que estemos ni remotamente cerca de vivir el mismo peligro que en 2022. Hasta ahora, ningún contenido propuesto o anunciado se asemeja a la plurinacionalidad, ni a las autonomías regionales, ni al desequilibrado sistema político que llevó al expresidente Frei Ruiz-Tagle y otros referentes de la transición a hablar de una eventual “dictadura legal” en caso de imponerse el Apruebo. El cuadro es demasiado diferente. Por otro lado, hay que tomarse en serio el argumento que han esbozado los voceros republicanos: en esta etapa, las enmiendas apenas suponen el inicio del debate. En rigor, todos los consejeros —de todas las bancadas— exhibirán sus cartas, y sólo entonces comenzarán la deliberación y negociación efectiva dentro del Consejo. Dicho argumento ha sido complementado por otro adicional, tanto o más plausible: de cara a una ciudadanía objetivamente distante, sería injustificable un trabajo de cinco meses que sólo se limitara a ratificar el (valioso) anteproyecto de los expertos. Llegados aquí, surge una consideración aún más ingrata para muchos sectores: es posible que en ciertos ámbitos (libertad de elección en salud, propiedad de los fondos previsionales, disminución del número de parlamentarios, etc.), las propuestas republicanas hagan sentido al electorado actual. En este punto quizá reside nuestro mayor dilema constitucional: cómo mantener los aspectos positivos del anteproyecto, en especial sus normas antifragmentación y el acuerdo transversal que le subyace, y a la vez conectar con una ciudadanía que los expertos —no era su rol— jamás lograron entusiasmar. En esa compleja ecuación se juega ni más ni menos que la nueva constitución.