Columna publicada el miércoles 8 de diciembre de 2021 por La Tercera. Los cupos indígenas fueron creados con dos objetivos declarados: legitimar la constituyente por vía simbólica (integrando a “los pueblos”) y buscar integrar la perspectiva indígena en la nueva constitución (lo que se orientaría a resolver la “deuda histórica” con ellos). En medio de un ambiente octubrista cargado de odio contra una chilenidad percibida como impuesta, ganar el prestigio de lo “ancestral” u “originario” resultaba una muy dulce tentación. Los problemas de la medida, sin embargo, se hicieron rápidamente visibles. El primero es que los cupos están en tensión con el principio democrático (hacen mucho más valioso el voto de algunos votantes que el de otros). El segundo es que las comunidades indígenas actuales no viven en algo así como una integración tribal total: hay mapuches, por poner un ejemplo, de izquierda, derecha y centro, así como católicos, evangélicos y ateos, o rurales y urbanos. También los hay con perspectivas muy distintas respecto a la naturaleza y la solución de la crisis en la Macrozona Sur. Luego, la idea de una representación orgánica de la comunidad toda y sus más hondos deseos a partir de un par de cupos resulta en extremo problemática, además de empapada de un supuesto de organicidad derechamente racista. Contra la primera de estas objeciones podría decirse que, en algunos casos, resulta ventajoso para la democracia misma el violar el principio democrático. Esto es, para darle voz y voto a minorías históricamente excluidas. Esta idea tiene mérito: hay voces que sin este auspicio nunca serían escuchadas. Sin embargo, transgredir un principio básico que es pilar de la legitimidad democrática demanda extrema cautela, pues si se hace de forma bruta generará más daño que ventajas. Y ese es justamente el punto de la segunda objeción: el diseño elegido resulta altamente defectuoso. El resultado de este mal diseño son representantes indígenas dudosamente representativos tanto en general (fueron elegidos con cantidades ínfimas de votos) como en particular (su representación tiene fuertes incentivos para resultar radicalmente parcial). Caminan todos ellos sobre hielo delgado, entonces. Lo único que protege su legitimidad es la mezcla de culpa e idealización en relación a lo indígena que tienden a experimentar algunos segmentos de las sociedades urbanas modernas. Ese ancestralismo es -o era- su principal capital. Proteger ese capital simbólico suponía un esfuerzo político enorme por parte de nuevos actores que tenían muy poca experiencia en el ámbito de la representación política. Sin serlo de forma natural y obvia, debían desplegar personajes que representaran efectivamente algo así como sus pueblos. Es decir, los intereses estratégicos de sus comunidades. Esto demandaba claridad de objetivos, espíritu amplio, y cautela y moderación extrema en los temas no derechamente relacionados a esos intereses estratégicos. Si cruzaban esa línea y se veían alineados con alguna de las facciones políticas en disputa, el hechizo ancestralista se rompía. Y eso fue exactamente lo que pasó. Al poco andar nos fuimos dando cuenta de que la mayoría de los representantes indígenas eran, más bien, activistas de izquierda o extrema izquierda. Esto quedaba claro cuando aparecían votando en bloque con el Partido Comunista en temas que no tenían nada que ver con asuntos indígenas.  Algo muy similar a lo que ocurrió con la famosa “Lista del pueblo”, que se vendió a sus electores como “gente común y corriente” que representaría los grandes anhelos de las mayorías, pero resultaron ser una mezcla de panegiristas de la primera línea y activistas con preocupaciones sumamente estrechas e ideologías tan radicales como rebuscadas. Nada muy popular. El golpe final a la ilusión ancestralista de los representantes indígenas lo dieron Natividad Llanquileo -famosa por no votar por Elisa Loncón para presidir la convención por considerarla no lo suficientemente de izquierda- y Francisca Linconao -la machi que al principio de la convención algunos querían tratar como si fuera un obispo preconciliar- cuando se abalanzaron contra Richard Caifal Piutrín, ex gobernador de la Araucanía, alegando que no podía participar de la mesa técnica relativa a los pueblos indígenas, pues sería alguien vinculado a la derecha política. Los mapuches o los indígenas en general, en la mente de Llanquileo, Linconao y sus amigos, parece que sólo podrían ser de izquierda (ojalá extrema). La farsa quedó al descubierto. La guinda de este triste espectáculo fue José Antonio Kast arrasando en la Araucanía y Los Ríos, incluyendo muchos municipios con importante población indígena, con un discurso centrado en la seguridad pública y el combate frontal contra los grupos armados que operan en la zona. Todo indica, entonces, que “cuidar la convención” significa hoy replantearse la lógica en que ha venido operando hasta ahora. Izquierda y extrema izquierda controlan una gran porción de ella, pero es un logro mal habido, basado en ilusiones defraudadas, que puede perfectamente arrastrar al despeñadero el resultado final. Para corregir este problema, el único camino que queda es apelar a la conciencia moral de quienes fueron electos para representar algo que no eran. Una de las gracias de la representación política es que puede ser calibrada. El mejor ejemplo es el candidato Gabriel Boric de segunda vuelta, que perfectamente podría sostener un acalorado debate con el de la primera, pues ha girado notoriamente en una serie de temas, o desplazado los énfasis hacia donde piensa que hay más apoyo por captar. Esto no lo vuelve claramente un mentiroso -eso se verá después- pero sí un político profesional que, tal como un abogado litigante, se esfuerza por representar de la mejor manera posible a su cliente en el marco de la ley. Un problema estructural de la Convención Constitucional es que está llena de personas que no han aprendido a ejercer el rol de representantes, por lo que constantemente ponen su personalidad por sobre los deberes del cargo. Lo que en política se llama “darse gustitos”, y que opera como una privatización de la representación.  Y si esa “independencia” y “espontaneidad” jugó a su favor para salir electos en un contexto de extrema desconfianza por los partidos y los políticos profesionales, ahora se está convirtiendo en un lastre que amenaza a la Convención misma. Este problema no se circunscribe única y exclusivamente a los representantes de la difunta “Lista del pueblo” ni a los elegidos en el marco de los cupos indígenas. De hecho, Jaime Bassa y su sistemática incapacidad para intentar representar a alguien que no sea él mismo y sus propios caprichos, constituye el caso más paradigmático de privatización de la representación. Pero la lista del pueblo y los representantes indígenas obtuvieron sus cupos bajo expectativas que luego defraudaron ampliamente, y deberían intentar hacerse cargo de ello. Todavía pueden esforzarse por representar, respectivamente, los mayores anhelos y temores de las clases medias y de las comunidades indígenas. Todavía pueden, en otras palabras, servir al rol para el que fueron elegidos, en vez de servirse egoístamente de él. No tendrán el “estándar” de Nelson Mandela, pero al menos pueden hacer el esfuerzo de acercarse a él.