"Para poder proyectarnos en los próximos 10 años debemos avanzar en una agenda liberal con mucha más fuerza. No podemos seguir oponiéndonos a que avance la sociedad, que son los temas que a la gente le interesan”. Así justificó Sebastián Torrealba, diputado electo por Renovación Nacional, su intempestiva cruzada en favor de la eutanasia, la liberalización de las drogas y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Se trata del mismo tipo de enfoque sugerido por Torrealba y otros tres parlamentarios de RN en un documento difundido la semana pasada, cuyo propósito sería contribuir a la renovación ideológica del sector. Pero más allá de las nobles intenciones, no es seguro que el esfuerzo esté sólidamente respaldado ni que el aporte sea demasiado sustantivo.

Por de pronto, ni siquiera han pasado dos meses desde que Sebastián Piñera lograra una votación histórica en segunda vuelta, acompañada además de una inédita movilización de apoderados. Pues bien, ese resultado fue conseguido por un candidato que –guste o no– marcó un claro rechazo al aborto y sostuvo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Desde luego, no puede decirse que Piñera haya ganado gracias a ello, pero su triunfo sí confirma que para alcanzar niveles significativos de adhesión electoral en ningún caso se requiere acoger la denominada agenda progresista (y los números de Amplitud y Ciudadanos tampoco auguran un horizonte exitoso para quienes abracen esas banderas desde la actual oposición).

Lo anterior no debiera ser motivo de sorpresa. No es necesario un conocimiento acabado del Chile profundo para notar que entre las prioridades de nuestros compatriotas y las de quienes habitan en California hay más de una diferencia. Tampoco es fortuito que la campaña de Sebastián Piñera haya resaltado una y otra vez la relevancia del programa de clase media protegida. Es en ese tipo de temas –en las angustias e inseguridades derivadas de la acelerada modernización capitalista, al decir del columnista– donde se encuentra una de las claves para conectar con la generalidad de la población. A fin de cuentas, ésta no se identifica con la opinión dominante en ciertos ambientes de Twitter.

Con todo, el planteamiento de Torrealba y compañía se vuelve sencillamente incomprensible cuando él confiesa que una de sus motivaciones es “ganarle la batalla cultural al Frente Amplio”. Basta una lectura superficial, ya sea de sus ideólogos (Atria, Ruiz, Moulian), ya sea de sus dirigentes más emblemáticos (Jackson, Boric, Sánchez), para advertir que si algo caracteriza el proyecto de la nueva izquierda aquí es precisamente la misma clase de óptica que la trazada por estos diputados de RN: la absoluta primacía de determinados derechos individuales, independiente de cualquier otra consideración. Como hemos señalado en otro lugar, la mentada “batalla cultural” exige hacer frente a esa perspectiva, no mimetizarse con ella.

Naturalmente, Torrealba y sus correligionarios podrían argüir que, al final del día, su sugerencia guarda más bien relación con los principios de justicia aquí involucrados. Pero hasta ahora, el único argumento ofrecido en ese plano ha sido la simple invocación de libertades personales. Y por valiosas que éstas sean, es sabido no sólo que para sustentar un orden político se necesita algo más que prerrogativas individuales, sino también que uno de los mayores defectos de cierta derecha noventera fue restringir su discurso político a esa narrativa (particularmente en el ámbito económico). De hecho, en el documento firmado por Torrealba y los otros diputados asoma un atisbo de conciencia de ese problema. Así, valoran la emergencia de principios como la solidaridad en el discurso de Chile Vamos, al punto que abogan por una “centroderecha liberal y solidaria”. Sin embargo, tomarse en serio este tipo de principios políticos exige atender a las circunstancias concretas de la ciudadanía y pensar la vida común más allá de la mónada aislada.

Es decir, justo lo contrario a lo propuesto por estos cuatro parlamentarios.

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