Columna publicada el miércoles 24 de marzo de 2021 por el Diario Financiero. Gabriel Boric planteó hace pocos días “la “democratización de los espacios de decisión estratégica de las grandes empresas”. En concreto: paridad de género y participación de los trabajadores en los directorios equivalente a la representación de los accionistas. La propuesta, por supuesto, genera muchas dudas: ¿no cabe distinguir entre diferentes tipos de empresa?, ¿no conviene más incentivar tal participación sin coaccionarla?, ¿por qué no otorgar desde ya un papel más protagónico a los comités paritarios?, ¿es pertinente aplicar por igual la lógica democrática a todos los campos de la vida social? Las interrogantes podrían multiplicarse. Con todo, la pregunta fundamental para la derecha política y el mundo empresarial va por otro lado, y consiste en cómo aproximarse al debate. Algunos actores o dirigentes gremiales parecieran creer que, ante esta clase de agendas, la única estrategia coherente con la valoración de una economía social de mercado es intentar trazar una especie de “línea Maginot”. Sin embargo, hay al menos tres motivos que sugieren adoptar un enfoque más propositivo y dialogante. Esto no significa aceptar a priori tal o cual proyecto, pero sí discutirlos en serio y, por tanto, no descartarlos de plano ni en todas sus partes. El primer motivo es la (razonable) comprensión del proceso constituyente que predomina dentro de los círculos oficialistas. En estos ambientes pocas ideas son tan reiteradas como el hecho de que los frutos de una nueva Constitución serán esencialmente limitados. Que ella podría ayudarnos a organizar y distribuir mejor el poder político, pero no mucho más. Y que, por tanto, las demandas sociales pasan por modificaciones de otra índole, tanto legales como culturales. Pues bien, precisamente porque los cambios constitucionales no son suficientes para configurar un trato más equitativo ni un nuevo pacto social, es que la sociedad civil y el mercado tienen una gran responsabilidad en este ámbito: guste o no, hay que pensar en nuevas fórmulas. Lo anterior conecta con el segundo motivo antes referido: aquí no hablamos de un invento de la izquierda. En rigor, hay antecedentes e ideas al respecto que poco y nada tienen que ver con ese sector. No se trata sólo de la experiencia alemana o los atractivos modelos de las cooperativas y Friosur. Si en 1972 Jaime Guzmán señalaba que “deben establecerse los mecanismos adecuados para que quienes trabajan en una unidad productiva, tengan efectiva participación en la gestión, propiedad y utilidades de ella”; en enero de 2020 el entonces ministro de Hacienda Ignacio Briones —el presidenciable más ortodoxo en términos económicos— invitaba a “repensar las relaciones laborales”, “compartir utilidades” y revisar aquellos ejemplos foráneos en que “los trabajadores son parte de los directorios” (entrevista en “The Clinic”). El tercer motivo que apoya un énfasis proactivo por parte de la empresa puede resumirse así: las circunstancias actuales exigen abandonar la mentalidad en que el “statu quo” es la regla por defecto. Por un lado, la permanencia de una determinada práctica o institución siempre debe ser justificada y, por otro, basta simplemente recordar lo que ya ocurrió con el debate constitucional o las AFP. Se desaprovecharon varios años y oportunidades para promover un reformismo decidido en esas esferas. Hacerlo habría permitido abordar dificultades objetivas y anticiparse a los anhelos refundacionales. Pero no lo hicimos, y así estamos: vaya línea Maginot.