Columna publicada el viernes 14 de agosto de 2020 en el Diario Financiero. Los niveles de pobreza y desempleo en Santiago son escalofriantes y se replican en muchas otras zonas urbanas de Chile. Esto ya empuja, y sin duda seguirá empujando, los niveles de informalidad económica. Este tipo de actividad no sólo es el punto de inicio de la mayoría de los emprendimientos, sino que es el colchón de la formalidad. El espacio donde caen los que ya no pueden sostenerse en ella: el último reducto de la libertad económica individual. La informalidad es un fenómeno en extremo complejo. No tiene una sola cara. Una distinción relevante respecto a ella es entre la informalidad lícita e ilícita. La primera transa bienes que son legales, mientras que la segunda comercia objetos ilegales (prohibidos, robados o falsificados). La mayor parte del comercio informal es lícito, el cual, a su vez, puede ser virtual o callejero. El comercio lícito informal no cuenta con los permisos que involucra la formalidad, pero tampoco con los beneficios y ventajas de ella (acceso a crédito, seguros, uso de facturas, etc). Por esto, todas las investigaciones existentes muestran que las ganancias en este ámbito son mucho menores que en el sector formal. Durante los últimos años la Cámara de Comercio ha liderado una agresiva campaña en contra de todo tipo de informalidad callejera, sin hacer distinción alguna. Y en el último tiempo ha buscado ampliar esa campaña a la informalidad virtual. El resultado, en los municipios que se han plegado a ella, ha sido brutal y desastroso: denigración de la fuerza pública, agresión a personas pacíficas y rabia ciudadana. Dada la dramática situación actual, creo que es evidente que abordar desde esa perspectiva el aumento de la informalidad sería desastroso en todo sentido. Hay que asumir que nos encontramos frente a una realidad que podemos regular y encauzar, pero no hacer desaparecer. Mucho menos a palos. El empresariado y la clase política deben empatizar con la informalidad lícita. Es parte fundamental del sistema económico y lo seguirá siendo. Quienes participan de ella son también comerciantes. Especialmente los municipios que son punto de enlace urbano deberán desarrollar medidas novedosas para tratar con el fenómeno. La informalidad virtual, por ejemplo, debería ser promovida todo lo posible, aprovechando el aumento de conectividad post pandemia, pues ahorra muchos problemas y permite focalizar mejor las políticas de formalización. Todo esto, claro, es difícil. Hasta en los mercados persas los locatarios que pagan los exiguos arriendos de puestos muchas veces se alegran de que la policía corretee a los que se instalan afuera, en la cuneta, porque “les quitan clientes” (lo cual, en la mayoría de los casos, simplemente no es cierto, ya que no se trata de bienes rivales). Pero hay que hacer un esfuerzo colectivo por entender mejor la informalidad legal y por empatizar con la situación de quienes la ejercen para poder sostener a sus familias. Aquí nadie se salvará solo: no sobran manos para reactivar nuestra economía.