Tal como era esperable, las principales fuerzas políticas del país acordaron postergar el plebiscito constitucional originalmente fijado para el 26 de abril. Aunque el inédito escenario que enfrentamos a nivel global hacía inviable cualquier otra alternativa, nada impide celebrar la sensatez que rodeó tal acuerdo. Éste se articuló de manera transversal, incluso el PC se sumó, con indicación clara de la nueva fecha (25 de octubre) y fue comunicado en forma oportuna a la población. Pero más allá de este primer e indispensable paso, ¿qué sucederá con el proceso constituyente en curso?
Es muy pronto para sacar conclusiones categóricas, pero es probable que, con el paso de las semanas, la actual coyuntura ofrezca nuevos argumentos a los diversos bandos en disputa.
Por un lado, quienes miran con escepticismo el cambio constitucional contarán a su favor con el creciente anhelo de normalidad que irá experimentando la población. Además, podrían invocar estado de excepción y decreto de emergencia económica mediante, que esta nueva crisis confirma que la Constitución vigente ofrece herramientas adecuadas para abordar distintos escenarios. Por otro lado, sin embargo, los efectos de la pandemia quizá aumentarán las discusiones acerca del nuevo pacto social y el tipo de Estado que requiere Chile. Por diversos motivos, en nuestro país esas discusiones son inseparables de la cuestión constitucional.
En suma, la crisis sanitaria y sus repercusiones tanto anímicas como económicas de seguro modificarán el clima político, pero conviene recordar que, si bien con intermitencias, el debate constitucional no se remonta al 18 de octubre de 2019, sino al menos al año 2005. Nada permite suponer que saldrá de la agenda pública.
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