Columna publicada el miércoles 4 de agosto de 2021 por The Clinic. El primer mes de la Convención ha ofrecido momentos decepcionantes, como Jorge Baradit festinando con las agresiones a sus adversarios, Daniel Stingo poniendo en duda el respeto a las minorías políticas o la incapacidad de Elisa Loncon para distanciarse categóricamente de la violencia en la Araucanía. Ahí está también el curioso espectáculo de las banderas o las fotos con “Negritas” de ciertos convencionales de Chile Vamos. Con todo, debemos notar que en paralelo emergen otro tipo de lógicas. Hay una comisión de reglamento trabajando con eficacia y recibiendo a múltiples organizaciones de la sociedad civil, así como vicepresidentes electos mediante un sistema que permitió integrar a diversas fuerzas políticas a la mesa directiva. De a poco surgen, entonces, las dinámicas de diálogo y trabajo transversal que exige una deliberación constitucional. Sin embargo, es necesario advertir que ni esas (valiosas) disposiciones ni la aprobación del reglamento serán suficientes para proponer al país una nueva carta fundamental. Dicho de otro modo, aun cuando se consoliden esos destellos positivos, los constituyentes requieren algo más para estar en condiciones de cumplir su misión principal. La pregunta podría ser formulada del modo siguiente: ¿cómo transitar desde la instalación de la Convención a la propuesta específica de normas en materia de forma de Estado, forma de gobierno o derechos fundamentales? ¿Qué se necesita para plantear aquellos lineamientos u orientaciones que luego posibiliten un entramado coherente de principios, reglas e instituciones? Aunque no hay una respuesta única ni evidente, una manera de abordar estas interrogantes es intentar trazar objetivos comunes para el proyecto de nueva constitución. Al menos conversar sobre ellos, tanto en las comisiones como en los diálogos informales que deberían producirse (y si no los hay es un problema) en una instancia de esta índole. Al menos plantearse la pregunta: ¿qué propósitos compartidos debiera tener el desarrollo de la Convención? Si un esfuerzo así llega a intentarse contribuiría a articular acuerdos, precisar disensos e iluminar el trabajo posterior de las comisiones temáticas para, finalmente, facilitar la redacción del nuevo texto. Veamos un ejemplo. Todo indica que un desafío crucial de la nueva carta fundamental es acercar la política a la ciudadanía. No es casualidad que la crisis que explotó en octubre de 2019 haya sido descrita desde ángulos muy distintos como una fractura entre política y sociedad. Recomponer ese vínculo, entonces, asoma como una tarea indispensable del proceso constituyente, para lo cual la reivindicación del diálogo democrático juega un papel central, y también como un desafío del diseño institucional que se proponga. Ahora bien, ¿cómo ha de cumplirse ese propósito de acercar la política a la sociedad? ¿Qué arreglos institucionales colaboran más o menos a esa finalidad? Sobre esto precisamente debieran intercambiar puntos de vista los convencionales. Preguntarse, por ejemplo, si basta la incorporación de mecanismos de democracia directa para conseguir ese anhelo. Evaluar si, desde este prisma, dichos mecanismos son todos equivalentes o si hay diferencias significativas entre ellos: ¿son igualmente funcionales los plebiscitos comunales, que podrían flexibilizarse en sus requisitos y ampliarse en su extensión, que la iniciativa popular de ley? Analizar, además, los posibles riesgos involucrados: en el caso de los referéndums revocatorios de autoridades, el caso peruano y sus miles de autoridades impugnadas sugieren que subyace en ellos un peligro de inestabilidad política. ¿Es efectivamente así? ¿Colaboraría esto a disminuir la brecha entre los ciudadanos y la política o más bien la aumentaría, en la medida en que hoy se esperan del sistema resultados más rápidos y eficaces? Preguntarse, en fin, si es coherente con el anhelo de acercar política y sociedad un eventual cambio en el régimen político. Después de todo, cualquier fórmula parlamentaria o semipresidencial supone que los ciudadanos dejan de elegir por sufragio universal al jefe de gobierno. ¿Cómo sería recibido esto por los ciudadanos en un clima profundamente critico de las elites en general y la dirigencia política en particular? ¿Conviene sustraer del voto popular la elección del gobernante? Basta recordar la masiva participación en las recientes primarias presidenciales o la reacción que suscita el reemplazo de una vacante parlamentaria por parte de las cúpulas partidistas para notar cuán pertinente es la duda. Ninguna de esas preguntas admite fácil respuesta y, de hecho, ante ellas inevitablemente surgirán distintas aproximaciones. El punto es que para avanzar en el proceso de elaboración de la nueva carta conviene que los constituyentes comiencen a explorar ese tipo de interrogantes. Sin fines compartidos será muy difícil transitar entre el primer mes de funcionamiento y los restantes meses de debate y redacción del nuevo texto constitucional. Ahí quizá reside el principal desafío del segundo mes de la Convención.