En su reciente visita a La Araucanía, la Presidenta Bachelet defendió no sólo el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, sino también la "representación política de los pueblos indígenas en el Congreso". Conviene tomar en serio esta última propuesta. Quizás ella no apunta a los desafíos medulares de la región, pero iniciativas de esa índole volverán a aparecer en los debates presidenciales y constitucionales del futuro próximo.

Quienes deseen avanzar por el camino de las cuotas parlamentarias necesariamente deben precisar el planteamiento: como dice el refrán, el diablo está en los detalles. ¿De cuántos escaños hablamos? ¿Ellos incluyen una o ambas cámaras? Como fuere, ¿esto significa un nuevo aumento del número de congresistas? En su defecto, ¿qué regiones verían perjudicadas su representación parlamentaria? ¿Y quiénes serían los beneficiados? ¿Individuos con ascendencia originaria, o voceros de determinadas comunidades? En el primer supuesto, ¿cómo se acreditaría tal calidad? En el segundo, ¿cuál sería el mecanismo de selección?

La principal interrogante, sin embargo, guarda relación con cómo este tipo de propuestas pareciera tensionar ciertos ideales de la democracia representativa. Veamos.

Una de las características distintivas de las democracias modernas es que ellas se han articulado y legitimado, fundamentalmente, a partir del individuo. El correlato de esto fue terminar con la participación política formal de las agrupaciones sociales, un "corporativismo propio del antiguo régimen" para los críticos más acérrimos. Puede pensarse que el cambio de paradigma condujo a ignorar algunos fenómenos y dinámicas sociales relevantes. No es fortuito que en Chile se haya debatido en el pasado sobre la necesidad de un consejo económico social u otro organismo similar, complementario a la representación parlamentaria, que permitiera canalizar la voz de las "fuerzas vivas" de la sociedad. La réplica suele ser la misma: esas entidades, se dice, desconocerían la importancia política del sufragio individual e igualitario y, por ende, pugnarían con la lógica democrática.

Desde luego, la pregunta es qué dirían esos críticos ante la representación política de los pueblos originarios esbozada por la Presidenta Bachelet.

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