Esta semana finaliza el plazo para realizar encuentros locales y, si bien aún restan los cabildos provinciales y regionales, ya es posible esbozar algunas conclusiones sobre el proceso. En primer lugar, los pronósticos sobre la baja participación ciudadana se han cumplido. Si todos los encuentros inscritos terminaran siendo validados, y en todos ellos hubiese participado el máximo de personas permitido, recién bordearíamos el 2% de la población y, en el mejor de los casos, el 6% de votantes de la última elección presidencial. Sin embargo, según ha trascendido, sólo un tercio de los encuentros logrará ser efectivamente validado. Ello permite asentar una segunda conclusión: pese al indudable esfuerzo del Consejo Ciudadano de Observadores, los problemas, dudas y reparos del proceso están lejos de terminar. Primero fue la deficiente comunicación entre el Gobierno y dicho consejo, ahora son las dificultades con la plataforma, y mañana… vaya uno a saber qué. Si la Presidenta y su equipo desean disipar las dudas sobre los reales propósitos del proceso, lo mínimo es hacer bien las cosas. De lo contrario, cada vez será más difícil refutar a quienes denuncian que, más que conocer la opinión de la ciudadanía, se busca legitimar un resultado fijado de antemano.

Con todo, lo principal dice relación con el peculiar modo de recoger la voz de la población. Después de haber organizado un encuentro local en nuestro centro de estudios, doy fe de que los conceptos sugeridos son demasiados generales y ambiguos (el "constitucionario" es, a todas luces, insuficiente), que los tiempos del encuentro hacen inviable un auténtico ejercicio de deliberación y que la actividad tiende a transformarse en un registro de preferencias generales, cuando no arbitrarias. Desde luego, el problema no es preguntar a los ciudadanos, sino la manera de hacerlo. La ciudadanía es la más indicada al momento de denunciar las dificultades de la vida social y, por tanto, este ejercicio —con otro formato— podría haber ayudado a avanzar en el diagnóstico. Sin embargo, la solución de dichas dificultades exige mediaciones y articulaciones políticas (las mismas que explican la existencia de los partidos y de instituciones como el Congreso). Ignorar esto y asumir que esas mediaciones son innecesarias es probablemente el mayor defecto de todo esto.

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