Columna publicada en El Mostrador, 30.06.2015

“Terminemos con la dualidad pro life vs. pro choice”. Ese fue el camino que, de cara a la discusión sobre aborto, y en el contexto de una audiencia otorgada por la Comisión de Salud de la Cámara, sugirió el diputado Víctor Torres (DC). La propuesta en principio parece sensata, en especial porque en Chile ningún actor público relevante dice aspirar al aborto libre. Lo común, de hecho, es que los dirigentes políticos se refieran a este debate en términos similares a los empleados por Michelle Bachelet en mayo de 2014 (“cada aborto en el país es una señal de que como sociedad estamos llegando tarde”). Pareciera, entonces, que existe amplia conciencia sobre el drama que se esconde detrás de una mujer que piensa en abortar y, por lo mismo, que el diputado Torres tiene toda la razón.

Todo indica, sin embargo, que eso es sólo una apariencia: los esfuerzos han ido por cualquier lado, menos por atacar aquellas condiciones que llevan a una mujer a creer que el aborto es su única alternativa. ¿Qué explica, por ejemplo, que el proyecto de ley que busca entregar un apoyo integral al embarazo vulnerable –presentado por un grupo transversal de diputados, varios de la misma Comisión de Salud– lleve seis meses durmiendo en el Congreso? La respuesta, sin duda, es que más allá de las declaraciones de buena crianza no existe ese supuesto acuerdo en torno al aborto. De hecho, parecieran no ser pocos los dirigentes políticos que –atentando contra una deliberación seria– esconden su auténtica posición en esta polémica, solo por motivos estratégicos.

Y es que si realmente todos concordáramos en que el aborto no es algo bueno, ni tampoco un derecho de la mujer en uno o más casos, lo central sería el análisis de los argumentos que, según se dice, justificarían ciertas excepciones a la protección de la vida del no nacido. Pero si ese fuera el enfoque, ¿podría resultar indiferente el hecho –repetido hasta el cansancio– de que los protocolos médicos vigentes en Chile permiten a cualquier mujer embarazada recibir todos los tratamientos y terapias que requiera?, ¿podría dar lo mismo que los médicos realicen esos tratamientos a diario y que nunca hayan sido perseguidos por ello?, ¿serían irrelevantes los excelentes índices de mortalidad materna de nuestro país (sólo superados por Canadá en el ámbito americano)?, ¿daría lo mismo, en fin, la evidencia que desacredita las cifras de abortos clandestinos invocadas con frecuencia por algunos activistas (evidencia reconocida, entre otros, por la doctora Sofía Salas, de la UDP, y también por el actual Subsecretario de Salud, Jaime Burrows)?

Lo mismo, en todo caso, puede decirse de la falta de evidencia de beneficios para la mujer derivados de las prácticas abortivas; del hecho de que hoy no existen mujeres cumpliendo condena por delito de aborto; y también de la semejanza que existe entre el proyecto que hoy se tramita en la Cámara y las legislaciones de otros países, como Inglaterra, en los que mociones del estilo han sido utilizadas para avanzar hacia supuestos más permisivos de “interrupción del embarazo”. Si a todo ello agregamos los numerosos testimonios que acreditan cuán falibles y poco certeros son los diagnósticos de “inviabilidad fetal”, la conclusión es clara: no existe acuerdo sobre el respeto que exige la vida de la niña o el niño no nacido.

Si aquí no se tratara de avanzar hacia un derecho-libertad de la mujer para abortar, al menos en ciertos casos, serían mínimamente considerados los graves reparos que surgen ante el proyecto de ley del Gobierno. No es casual, por ende, que ya hayan aparecido argumentos del tipo “la mujer es dueña de su cuerpo”, “ella es libre de decidir si continúa adelante o no con su embarazo” y otros similares. Y si hay quienes basados en “la autonomía” buscan poner en entredicho la igual dignidad del niño no nacido, desde luego es lógico que haya quienes lo defiendan y, por tanto, que se polarice el debate. 

Otro asunto, por cierto, es si quienes levantan ese tipo de consignas entienden algo de lo que dicen. Mal que mal, sólo un liberalismo muy tosco –aquel en que siempre prima la autonomía y la decisión individual cualesquiera sean los otros bienes involucrados– es incapaz de advertir que tras un aborto existe un asunto que no puede ser explicado únicamente a partir de categorías individualistas. ¿O será muy difícil notar que hablamos del (no) nacimiento de un ser humano?

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