Columna publicada en revista Qué Pasa, 15.12.2017

Nos encontramos ante un escenario político faccioso y minoritario. Ideal para que el clientelismo campee y la idea de bien común desaparezca. Ideal, también, para una política adulatoria y poco desafiante. ¿Quién entre los candidatos les ha planteado a las nuevas clases medias un desafío nacional en el que tengan un rol de responsabilidad? Ninguno. Priman la adulación, la falsa empatía y el ofertón.

¿Hacia dónde nos puede conducir esta dinámica? Seguro que no al desarrollo. Basta ver lo que pasó en Argentina a lo largo del siglo XX para darse cuenta de que, en ausencia de un horizonte de bien común, la sociedad se convierte en un agregado de bandas de clientes, carteles y grupos de interés, donde mandan los que gritan más fuerte.

Pongamos un ejemplo: la gratuidad universitaria. Hoy goza de prestigio electoral, ya que la universidad es vista entre las clases medias como la llave maestra del ascenso social, al mismo tiempo que sufren y temen sus costos económicos. Este temor crece, además, debido a que muchos títulos universitarios, una vez que se entra al mercado laboral, muestran un valor decepcionante, ya que la universidad no puede corregir las carencias educacionales previas, y porque mientras más se masifica un bien, más se segmenta.

La política de gratuidad universitaria, sin embargo, no soluciona ninguno de los problemas educacionales de fondo. Es un acuerdo entre lucro económico y político. No le ofrece mejores opciones a la clase media: al contrario, la aplicación de un arancel de referencia por debajo del valor real de la buena educación ha debilitado los pocos bastiones de calidad que le quedaban. Lo que se premia es la mediocridad. Una enseñanza baratita, masiva, fácil, sumisa al Estado y que no se note pésima (de eso se encarga la “Agencia de Calidad”). Pero nada más. Y la educación universitaria estatal que se está construyendo es educación pobre para pobres. No hay un proyecto de excelencia detrás. Son las Universidades del Mar del Estado.

¿Cuánto valdrá en 10 años más un pregrado mediocre? Nada. ¿Y cuánto dinero habremos invertido para repartir millones de cartones inútiles? Entre 3 mil y 5 mil millones de dólares por la gratuidad. Más 8.260 millones de dólares, también, si se decidiera perdonar el CAE. Y, por supuesto, el costo alternativo de no invertir ese dinero en corregir realmente la desigualdad y en ayudar a quienes más lo necesitan.

¿Por qué ningún político habla con la verdad, entonces? ¿Por qué nadie se atreve a decir que no sirve casi de nada entrar gratis a la universidad si apenas se entiende lo que se lee, tal como le ocurre al 80% de la población chilena? Acaban de salir los resultados de la prueba internacional PIRLS, la que muestra un avance nulo en esta materia entre 1994 y el 2016.

Hoy falta el coraje político para decir la verdad. Hay miedo a las consecuencias de ello. Muchos políticos creen que la gente prefiere que le mientan. Y que no votará por ellos si le desinflan una ilusión falsa. Ninguno de ellos le habría dicho al Estadio Nacional repleto, justo después de recuperar la democracia, que la patria era de todos, y no sólo de los ganadores.

Este coraje sólo surge de una visión de bien común y de una antropología que nos entregue alguna esperanza respecto al ser humano. De la izquierda hoy lamentablemente no puede esperarse esto. Están dispuestos a cualquier cosa por mantener el poder y sus prebendas: Guillier es la encarnación del “cualquiercosismo”. Pero es lo que Piñera debería haber buscado para ser un “Aylwin 2.0”. Y es lo que la centroderecha todavía puede pretender actualizando la combinación de cristianismo y liberalismo económico que fuera su base por muchos años.

Actualizarla, porque hoy es necesaria una visión más generosa de la justicia social, y porque muchos de los males desconocidos del mercado, luego de 30 años, han quedado al descubierto. Pero también porque nuestra modernidad y nuestra sociedad requieren de un lenguaje moral para poder fijar prioridades de manera justa y para poder imaginar en conjunto lo que significa el desarrollo. Y nuestro lenguaje moral, tal como alegara el provechosamente reeditado Pedro Morandé, no es otro que el cristiano.

Poner a los últimos primero, tomar una opción preferencial por los más débiles, defender a la familia y a los cuerpos intermedios, defender la dignidad de cada ser humano, defender la división y los equilibrios de poder, defender el voto como un deber cívico, utilizar la lógica de la subsidiariedad para pensar la autonomía mapuche y la descentralización armónica del país y demandar el compromiso de la sociedad civil en este camino. Ese es un horizonte político sustantivo. Ese es el desafío que la derecha debería presentarle al país si quiere gobernarlo de verdad, en vez de ser la versión responsable del egoísmo colectivo ofertado por la izquierda, un eterno mal menor. Y representar este republicanismo cristiano, desde el gobierno o desde la oposición, creo que es su única —y última— esperanza.

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