Hace unos días la Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza, convocada en diciembre del 2012 por el Gobierno, propuso una nueva metodología para medir la vulnerabilidad en Chile.  Entre otras propuestas, esta metodología invita a replantear el enfoque de las políticas públicas,  incorporando a las familias como agente principal. Esta es una buena noticia, porque tiene mucho de realismo y de sentido común. En rigor, no existe el individuo aislado: todos formamos parte de una familia, ya sea como hijo, hermano, padre o esposo, y compartimos sus problemas y necesidades.

Aunque a veces nos cuesta advertirlo, la familia no es tanto una opción privada, sino condición ineludible de la misma existencia social. Es un verdadero bien público, que desempeña funciones sociales vitales, que deben ser reconocidas, valoradas y protegidas por la sociedad y por el Estado. En estricto sentido, el bien de la persona, el bien de la familia y el bien de la sociedad se identifican en buena medida. Por lo mismo, incorporar al grupo familiar como unidad de medición va en la dirección correcta: tal como muestra el informe de la Comisión, la línea de la pobreza no está determinada únicamente por el nivel de ingresos, sino también por el tamaño del hogar. En efecto, mientras que en un hogar unipersonal la línea está por debajo de los $142.000 mensuales, en una familia con cuatro miembros estaría bajo los $392.000. Bajo estos parámetros, los hogares en condiciones de pobreza no corresponderían al 14,4%, como lo indica la Encuesta CASEN 2011, sino que se elevarían al 15,2%.

No se trata sólo de sincerar las cifras, sino de comprender cuál es la naturaleza de nuestros problemas y desafíos en estas materias. Como señala la Comisión, esta perspectiva familiar exige incluir variables multidimensionales que nos permitan observar la complejidad de las aristas involucradas. Además del ingreso, hacer posible la vida familiar exige tener en cuenta aspectos como la educación, la vivienda, la salud, el empleo y seguridad social, el entorno y las redes. El bienestar de una familia no puede medirse solo en términos monetarios, pues aunque el ingreso les alcance para cubrir sus necesidades básicas, hay carencias sociales que pueden afectar de forma considerable sus condiciones de vida. Por ejemplo, graves problemas de salud, altos grados de delincuencia, o bajo nivel educacional que le impidan desplegar sus potencialidades.

Por lo mismo, las propuestas de la Comisión  constituyen un primer y gran paso en el camino para convertir a la familia en una prioridad política, sobre todo aquellas más vulnerables y necesitadas. Ésta institución debe ser el eje sobre el que se articulen las políticas públicas, en todos los ámbitos: económico, jurídico, fiscal, administrativo, entre otros; de modo que cumpla la función social a la que esta llamada, y que no puede ser reemplazada ni por el Estado ni por el mercado.