Uno de los puntos que más revuelo genera hoy en el debate público y en la misma Convención Constitucional es el reconocimiento explícito de los pueblos indígenas y la posibilidad de establecer la plurinacionalidad del Estado de Chile. El nuevo libro de Salvador Millaleo busca ofrecer ideas y propuestas en esa dirección, y en un tema sobre el que hasta ahora circulan apenas columnas y consignas, es importante atender a una publicación que busca una discusión más sustantiva.
Salvador Millaleo es un abogado mapuche y doctor en Sociología. Comprometido con su cultura de origen, ha divulgado su trabajo académico en libros y revistas, desarrollando un análisis histórico-político del conflicto entre el Estado de Chile y su etnia que muestra que todavía quedan varios cabos sin atar. Lo anterior es importante, pues aún no existe ni siquiera algo así como un diagnóstico compartido. En este contexto, miembros de la intelectualidad indígena tales como José A. Marimán, Pedro Cayuqueo y Eliucura Chihuailaf, entre otros, han intentado ilustrar que nuestros pueblos ancestrales no sólo poseen una concepción diferente del territorio, sino de cómo se integra la vida en él.
El libro se compone de 31 textos, entre ellos columnas y breves ensayos publicados durante diez años (2010-2020) en medios digitales tales como El Mostrador y El Quinto Poder. En el prólogo, la destacada académica Sonia Montecino destaca la descripción de «las interdicciones que los movimientos indígenas —especialmente el mapuche— plantean al Estado y a la sociedad chilena». Pero además el libro de Millaleo consigue algo bastante importante: ofrece propuestas concretas.
La intención principal del autor pareciera ser explicitar la demanda por autonomía política de los pueblos originarios, que en su particular interpretación constitucional se traduce en la necesidad de avanzar hacia aquello que llama «plurinacionalidad»; es decir, hacia un arreglo institucional que concede espacios de autogobierno, formas de representación y determinados derechos a grupos culturales, pueblos o naciones. Todo cobra un sentido especial cuando se recuerda, en palabras de Stuchlik [1], que la comunidad mapuche no se siente organizada como unidad política administrativa, y que además su sentido de representación y delegación de autoridad es poco desarrollado. De hecho, en parte debido a que no contaban con una organización centralizada es que españoles y chilenos tuvieron tanta dificultad en su conquista. Como ha apuntado Rolf Foerster [2], cabe agregar que fue en razón de los enfrentamientos con el colonizador que muchos grupos dispersos adquirieran ribetes de unidad.
Millaleo explica que esta unidad ha ido acrecentándose debido a una lógica militar, pues desde la década de los 90 el Estado nacional ha basado su «estrategia» en la apelación al Estado de Derecho y en la penalización de los mapuches a través del uso de la Ley Antiterrorista. Y estos últimos, mientras tanto, habrían ido sistematizando una verdadera «cultura de la resistencia» (p. 31), constituyendo «un movimiento social en la sociedad civil que tiene una referencia claramente identitaria de base etnonacional» (p. 31). En ese sentido, la demanda entablada sería lo que se ha denominado como «derecho a la autodeterminación» (doctrina teorizada a principios de los años 90 por intelectuales mapuches como José A. Marimán). Millaleo comparte esa visión. La autodeterminación, en palabras del autor, sería realizable «mediante la transformación de las áreas de desarrollo indígenas en regímenes autonómicos» (p. 69). En esos pasajes, el libro deja la impresión de que este proceso funcionaría en dependencia del Estado chileno, el cual deberá brindar soporte técnico, económico y su rol mediador.
Es a la hora de precisar las modalidades cuando surgen muchas preguntas. En efecto, esos regímenes autonómicos —pero no autosuficientes— incluirían ámbitos como «educación, salud, planes de desarrollo, planes reguladores, vivienda, planificación urbana, políticas rurales, tributos, entre otros» (p. 69). Pareciera sugerir, entonces, que la revindicada autonomía es más que relativa, porque se espera que sea el Estado el que apoye todas esas (necesarias) dimensiones. Si esto es plausible, entonces estaríamos frente a una propuesta de autonomía dependiente. Es posible que esto tenga motivos: después de todo, si el Estado chileno ha contraído una deuda, es necesario pagarla. Sin embargo, esta cuestión merecería al menos ser tematizada, pues puede ser fuente de profundos conflictos y malos entendidos. No es una dificultad menor, ya que este mecanismo impediría llegar a las alternativas extremas, tales como la secesión del territorio. Ahí cabe preguntarse por qué la demanda es por autonomía dependiente y relativa, y no por autonomía absoluta o, de plano, secesión del territorio —como se exige en Cataluña o el País Vasco—. Es como si el movimiento etnonacional reconociera que en cierta medida el desarrollo de sus comunidades necesita de la ayuda —al menos económica— del Estado chileno; del mismo Estado colonizador del que tanto se pretende distinguir.
Más allá de esa paradoja, Millaleo describe el concepto de plurinacionalismo como «Estados cuyos diseños institucionales reconocen diversas naciones o pueblos dentro de un mismo orden constitucional» (p. 80). La idea, según el autor, contrastaría con la tradición de la «democracia unitaria». Al respecto, también se explica que uno de sus elementos integradores, además de la autonomía territorial y de los derechos colectivos, sería el «pluralismo jurídico», el cual es descrito como una modalidad en la que el Estado ya no es «la única fuente de reglas», sino que se reconocen «esferas para otras jurisdicciones y otros poderes normativos de la sociedad, tales como los sistemas jurídicos indígenas» (p. 81). Por tanto, todo indica que en la práctica la plurinacionalidad vendría a complejizar el ordenamiento jurídico en sus diversas aristas—todas aquellas en que la plurinacionalidad aplique—, empoderando a abogados e intérpretes jurídicos étnicos. La primera duda que surge es cómo se coordinarían los distintos sistemas legales indígenas con el nacional y en quién recaería la superintendencia directiva, correccional y económica de tales. Con todo, no es difícil advertir que crear distintas jurisdicciones y ponderar sus territorios y competencias, como se propone, podría implicar una bajada práctica problemática: principios, normas y procedimientos podrían colisionar entre sí, generando problemas de competencias o incluso yendo contra los postulados del sistema jurídico superior.
Por otro lado, la noción de plurinacionalismo esbozada por Millaleo podría ser complementada y perfeccionada con elementos de otras tradiciones que, de la misma forma, tienen como objetivo buscar el máximo desarrollo de las comunidades organizadas en distintos centros de poder. Bien podría el autor rescatar otras fuentes normativas para robustecer su propuesta, tanto en lo teórico como práctico —véase una reseña a la
[1] STUCHLIK, Milan (1964). Rasgos de la sociedad mapuche contemporánea (Santiago: Ediciones Nueva Universidad), p. 52.
[2] FOERSTER, Rolf. «Sociedad mapuche y la sociedad chilena: la deuda histórica», en Polis, 2 (2002). [Ver].
[3] Ver, por ejemplo: MARIMÁN, José (2021). Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI (Santiago: Lom); LLAITUL, Héctor y ARRATE, Jorge (2012). Wichan. Conversaciones con un waychafe en la prisión política (Santiago: Ediciones Ceibo).
[4] De VIAL, Gonzalo, ver las columnas «El tema mapuche» y «Más sobre el tema mapuche», en Gonzalo Vial. Política y crisis social (Santiago: Ideapaís, 2020).
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