Según informaciones de prensa, dentro de los grupos programáticos de Sebastián Piñera han surgido propuestas de reforma al sistema presidencial. Al parecer, el objetivo no sería cambiar de régimen, pero sí hacerlo funcionar mejor, por ejemplo alterando la duración del período presidencial. En un reciente editorial de El Mercurio, y a propósito de dichas propuestas, se afirma que “introducir una modificación de este tipo en las circunstancias actuales no parece una buena idea”, pues implica “estar dispuesto a abrir el debate sobre reformas a la Constitución”.

¿Es adecuada la aproximación de ese editorial al problema constitucional? No. Y por cuatro razones al menos.

La primera es que nuestra discusión constitucional, que sube y baja de intensidad cada cierto tiempo, ha tenido grandes dificultades para avanzar hacia los contenidos. Tal como explicamos en el libro colectivo El derrumbe del otro modelo (IES y Tajamar, 2017), el proceso constituyente impulsado por el gobierno actual tuvo un énfasis excluyente en la cuestión de los procedimientos —siguiendo las ideas de Fernando Atria—, y los resultados están a la vista. En rigor, sin poner contenidos sobre la mesa será inviable alcanzar los acuerdos que exige cualquier avance medianamente robusto de esta agenda y, por lo mismo, cuando dichos contenidos aparecen deben ser bienvenidos.

La segunda es que, puestos a debatir acerca de contenidos, es muy pertinente atender a los aspectos orgánicos de nuestra institucionalidad. Después de todo, ellos suelen ser olvidados ante las crecientes demandas por toda clase de derechos. Naturalmente, no se trata de negar la relevancia de estos últimos, pero sí de recordar la importancia que tiene el entramado y diseño institucional a la hora de protegerlos y, más aún, de gobernar un país. Es precisamente lo que subrayan clásicos como El federalista: tanto para limitar el poder político como para posibilitar su adecuado ejercicio es fundamental apuntar a su sana organización y distribución. En ese sentido, resulta lógico atender a nuestro régimen de gobierno.

La tercera razón por la que yerra el editorial en comento guarda relación con el contenido específico que se cuestiona. Cuando nuestra conversación pública ha abordado el tema del régimen de gobierno, usualmente ha sido para reivindicar la idea de un sistema semi-presidencial. Sin embargo, éste es un híbrido de dudosa existencia en los hechos —el caso de Francia es paradigmático—, y de aún más dudosa compatibilidad con nuestra tradición constitucional. Con todo, nuestro presidencialismo sin duda parece hipertrofiado. Esto nos invita a preguntarnos cómo hacer funcionar mejor nuestro régimen, por lo que ideas como la reelección del Presidente de la República por una sola vez resultan al menos plausibles. A fin de cuentas, los ex Presidentes continúan siendo actores de primera línea y han vuelto a competir por la primera magistratura casi sin excepción: todos, salvo Aylwin, han buscado volver a La Moneda. Además, una sociedad cada vez más compleja puede verse favorecida por autoridades que, si así lo decide la ciudadanía, cuenten con más tiempo para gobernar, y no terminen impulsando proyectos a matacaballo. Admitir la reelección inmediata, pero terminando con sus eventuales elecciones futuras, puede contribuir a oxigenar nuestra política.

Y la cuarta y última razón es que el debate sobre la Constitución difícilmente desaparecerá del horizonte con el eventual triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales. Si la administración Bachelet ha errado el camino, es tentador asumir que la cuestión constitucional es un invento suyo, pero las cosas no son tan simples. Basta recordar que la polémica en torno a la Constitución sólo ha crecido desde la última gran reforma del año 2005, y que si bien las encuestas no respaldan la idea de volver a fojas cero en esta materia, tampoco apoyan la opción de mantener el statu quo, tal como ha mostrado Mauricio Morales en este medio. Más aún, puede pensarse que tras este debate subyace un fenómeno político más hondo, relativo a la pérdida de legitimidad del Chile de la transición. Las lógicas y los arreglos institucionales que ella heredó se encuentran en el ojo del huracán al menos desde 2011, y la Constitución vigente, producto de la cantidad y calidad de las reformas que ha sufrido, refleja como ningún otro instrumento los consensos y prácticas de las casi tres décadas de vida democrática. Puestas en tela de juicio estas últimas, a nadie debiera sorprender que se discuta acerca de la Carta Fundamental.

En suma, la reforma de nuestro sistema presidencial asoma como un paso en la dirección adecuada. Desde luego, ella debe ser complementada con un diagnóstico y un discurso a la altura de la situación, y no es seguro que el piñerismo cuente con esos insumos. Pero renunciar al debate constitucional, como pretende alguna derecha, no significa sino entregarle este asunto en bandeja a los sectores más radicalizados. Asumir que “corregir el rumbo” y “recuperar la senda de crecimiento” son suficientes para gobernar el Chile de hoy es hacer caso omiso del tipo de discusiones que han aflorado en el país durante el último lustro.

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