Columna publicada el jueves 1 de diciembre de 2022 por CNN Chile.

Desde este lunes 28 de noviembre más de 270.000 jóvenes han estado rindiendo la nueva prueba de acceso a la Educación Superior (PAES). Una de las novedades en relación a la PSU y PTU, es que las preguntas están más orientadas hacia la evaluación de competencias que a la medición de conocimientos. Afortunadamente, hasta el momento de escribir estas líneas, el proceso se ha realizado en un ambiente de calma, sin boicots tipo Chanfreau que, cómo olvidarlo, perjudicó a miles de jóvenes que daban la PSU el año 2019, pocos meses después del 18 de octubre.

¿Como les irá a estos jóvenes en esta nueva modalidad de prueba? Si bien es pronto para saberlo con certeza, es muy probable que la PAES manifieste las brechas que existen y que fueron agravadas por la pandemia. Recordemos que estos alumnos estuvieron encerrados durante casi todo el transcurso de II y III medio, con el gentil auspicio del Colegio de Profesores que hizo todo lo posible por retrasar el regreso a clases presenciales. Aún resulta incomprensible que muchos de los que están hoy a la cabeza del Gobierno, hayan promovido y votado a favor de la acusación constitucional contra el Ministro de Educación de la época, Raúl Figueroa. ¿Su falta? Haber intentado que los niños –en la medida que las condiciones sanitarias lo permitieran— volviesen lo antes posible al colegio, justamente para evitar que las brechas de inequidad en materia de educación siguieran creciendo.

No es un misterio que Chile ha sido incapaz de revertir, siquiera parcialmente, los efectos de la pandemia en materia educativa. Un estudio reciente de la Cepal señala que ya se han medido pérdidas de aprendizaje en el Caribe y en América Latina. El porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada aumentó de 22,3% en 2019 a 28,7% en 2020, afectando especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas se encontraba en esta situación, comparado con un 22% de los hombres). De no actuar ahora, la Cepal advierte sobre el "riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes" de la región. En América Latina y el Caribe experimentamos el apagón educativo más prolongado a nivel internacional (en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo).  Chile fue el país de la OCDE que más tiempo tuvo las escuelas cerradas por la pandemia.

Cabe preguntarse entonces: ¿qué están haciendo el Gobierno y el ministerio de educación para enfrentar los efectos de la pandemia? ¿Qué se está haciendo para disminuir las brechas de inequidad? ¿No resulta paradójico que, quienes emergieron a la vida pública al alero del movimiento estudiantil, y cuyas banderas tenían que ver con la educación, no lo asumen como auténtica prioridad? ¿Les interesaban en realidad las consecuencias de la educación más que la educación misma? ¿No es natural entonces que cuando ella se vuelve una tarea cuesta arriba se abandone?

Lo que está claro es que, más allá de las declaraciones de buena crianza, el Gobierno ha mostrado bastante poco para hacerse cargo del tema. Han pasado ocho meses en el poder, y aún no hay un plan concreto para revertir la situación. Y con esto no nos referimos exclusivamente a la pandemia, sino también a sus efectos colaterales. Por ejemplo, lo dramático que resulta que 50 mil niños se hayan retirado el último año del sistema escolar, y más de un millón presenten una elevada tasa de inasistencia. La capacidad de gestión por parte del MINEDUC debiese abocarse a remediar esto último. Pero, en la práctica, el foco pareciera estar en otro lado, en instaurar un nuevo paradigma en materia de temas de género, y en recordar de vez en cuando, la promesa de campaña del presidente Boric de la condonación del CAE (política pública que no resolverá el tema de la calidad de la educación y no parece viable en el actual contexto de responsabilidad fiscal).

A fin de cuentas, la educación vive una situación trágica, pero La Moneda sigue sin entregar respuestas adecuadas y, por lo mismo, las preguntas se multiplican: ¿Cuáles son las medidas para contrarrestar la deserción escolar? ¿Cómo se están abordando los problemas socioemocionales de los estudiantes? Y con respecto a los profesores –pieza clave en la educación escolar–,  ¿qué medidas se están tomando para devolverles la autoconciencia de su dignidad y para restablecer su autoridad en la sala de clases? Si se fortalece la autoridad del profesor, de paso se revitaliza la autoridad de los padres. Los docentes, ¿pueden estar tranquilos de que, si irrumpen estudiantes con una molotov en medio de la clase, se aplicará la ley de Aula Segura? Es muy importante valorar y cuidar a los profesores, de lo contrario el déficit de estos profesionales a futuro seguirá incrementándose (en cinco años disminuyeron de 20.000 a 9.000 las personas que entraron a estudiar pedagogía). Estamos a tiempo de  que el Gobierno salga de su inacción, y que ojalá muchos jóvenes que rindieron la PAES se entusiasmen a estudiar pedagogía.