Entrevista publicada el 18.02.19 en El Mercurio.

Una de las investigaciones del antropólogo social sirve como antecedente en el estudio de mercado que la Fiscalía Nacional Económica prepara sobre la materia. El especialista advierte, además, que es necesario revisar los precios en el sistema privado.

Con fecha 29 de octubre de 2018 está firmado el documento con el cual la Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio inicio a un estudio del mercado de textos escolares.

La indagación, según la entidad, se justifica por el alto gasto en este ítem en el cual incurren tanto el sector público como quienes adquirieron los libros de forma particular el año pasado: en conjunto, la cifra alcanzó US$ 116 millones. Además, y entre otros hallazgos, se detectó que los precios en el sector privado fueron, en promedio, 29 veces más caros que en el mercado público.

Pablo Ortúzar, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, sostuvo reuniones con la FNE y es el autor de una investigación sobre el tema realizado en 2014: sostiene que, en el caso de los textos escolares, el sistema no opera con incentivos para mejorar la calidad de los libros.

El antropólogo social plantea que la discusión se ha centrado en los costos y que, por ello, "el foco nunca ha estado puesto en la calidad de los textos".

Según el experto, "ni el mercado público ni el privado están diseñados para que haya incentivos para que los contenidos de los textos escolares mejoren progresivamente".

Ortúzar propone modificaciones a las formas de licitación. "En general son por el libro completo y, dentro de eso, es importante cuánto vale imprimirlo. Entonces, las editoriales que tienen más espaldas económicas terminan siendo mucho más competitivas", argumenta. De ahí que plantee que el proceso contemple concursos públicos separados para la impresión y la selección de contenidos.

-¿Considera viable separar esos aspectos?

-Sí. Puede venir una presión brutal de las editoriales, que digan que no participarán con otras condiciones, pero esta es una de sus fuentes de ingresos más importantes; entonces, el Estado tiene margen de negociación en esa disputa.

Acceso público

Según Ortúzar, la idea detrás de estas modificaciones es que el Estado pueda "comprar los contenidos para que estos pasen a un formato de propiedad pública y de acceso libre", lo que también incluiría el producto final que entreguen las editoriales.

De esa forma, plantea, se podría involucrar a expertos de distintas áreas en los procesos de producción y mejoramiento del material. "Eso es importante, porque actualmente los libros no están sometidos al escrutinio público, lo que podría transparentar errores o si los textos no son tan buenos", dice.

Para el investigador, esto también traería implicancias para el sector privado, "ya que en términos de contenido, no hay ninguna diferencia entre los libros".

Y aunque afirma que la calidad es su principal preocupación, asegura que en el mercado privado "el tema de los precios es una locura y es urgente revisarlo". Según Ortúzar, "cada marzo las familias están encontrándose con un problema y es que los colegios exigen textos del año y si uno compara los libros de, al menos, los últimos cinco años, son absolutamente iguales".

-¿Cómo poder solucionar eso en el corto plazo?

-En el fondo, creo que debería prohibirse a los colegios exigir textos escolares del año (en curso), aunque sí podrían decir con qué editorial van a trabajar. Eso podría hacerse de forma directa mediante un proceso legislativo, para terminar con este abuso en el corto plazo.

"Debería prohibirse a los colegios poder exigir textos escolares del año".

"Para incorporar la lista infinita de conocimientos que tiene el currículum, se terminan construyendo textos sumamente superficiales".