Columna publicada el 21.07.19 en La Tercera.

En su libro Realismo capitalista, el teórico de izquierda Mark Fisher toca el problema de las concesionarias de servicios públicos, postulando que dichas empresas no son ni menos burocráticas que el Estado, ni asumen mayor responsabilidad por la calidad del servicio. La responsabilidad, de hecho, sigue siendo radicada por los ciudadanos en el gobierno, que posee un centro de mando visible, y no en las empresas, que son una maraña anónima. Así, cuando las concesionarias fallan, la autoridad política paga el pato.

Esta crítica, a su vez, es extendida al caso chileno por el sociólogo Carlos Ruiz Encina, inspirador intelectual de parte del Frente Amplio. Ruiz plantea que buena parte del capitalismo chileno es puro rentismo amparado por el Estado, siendo las concesiones su caso más evidente. Frente a esto, tanto Fisher como Ruiz aspiran a que el Estado vuelva a recuperar el control sobre los servicios públicos estratégicos que han sido traspasados a la administración de terceros.

Esta visión ha reflotado con fuerza en medio del desastre que sufre Osorno, donde el agua potable lleva cortada más de una semana, y donde Essal, la empresa privada de capitales españoles a cargo del servicio, ha desplegado una insólita estrategia de call center a gran escala. Es decir, ha jugado a la confusión y la desinformación tanto de la ciudadanía como del gobierno, tratando de ganar tiempo o de que la opinión pública se distraiga con otra cosa. Mientras tanto, la dramática situación sanitaria de la ciudad sureña empeora cada minuto.

Dado el tamaño del desastre, el gobierno ha decidido amenazar a la empresa con retirarles la concesión, aunque no con mucha convicción. También ha desplegado un esfuerzo de inspección dirigido a otras comunas para evaluar la situación de sus servicios de agua. En tal escenario resulta razonable preguntarse -tal como los autores mencionados- por qué no recupera simplemente el Estado la administración de dichos servicios, si ni siquiera puede confiar en que los privados le informen de manera veraz sobre la situación del suministro.

Sin embargo, hay mucho de ficción en la idea de que si el Estado recuperara sus servicios concesionados sería capaz de asegurar una mejor prestación. Tanto Fisher como Ruiz omiten convenientemente los niveles de enredo burocrático e irresponsabilidad organizada de la mayor parte de los estados nacionales cuando se trata de responder ante sus ciudadanos-usuarios, así como la limitada capacidad de dichos estados para construir infraestructura altamente necesaria. En otras palabras, omiten las razones principales que impulsaron las concesiones.

Aciertan, eso sí, en que la concesión, si no está bien diseñada, se convierte en rentismo irresponsable a costas del Estado. Pero lo que corresponde, asumiendo aquello, es tomarse en serio el diseño y regulación de la concesión, al mismo tiempo que ser duros en su implementación y fiscalización. Por eso, quizás la mejor salida al drama de Osorno es que el Presidente le tire la cadena a Essal, se revise la concesión, y se entregue a otros. Es momento que la derecha use su querida “mano dura” no solo en comerciantes informales, lanzas y polizontes del Transantiago.