Una vez que pase la crisis sanitaria deberemos lidiar con la reconstrucción política, económica e institucional de Chile. Y dicho proceso exige que las fuerzas moderadas de todo el espectro construyan un consenso explícito sobre ciertos asuntos fundamentales. Esto, porque reconstruir será imposible sin esfuerzos sostenidos durante largo tiempo y, porque las opciones extremas estarán al acecho, prometiendo soluciones fáciles y rápidas.
El primer y más fundamental acuerdo debería ser que el sistema político y el Estado están al servicio de la sociedad y las personas, y no al revés. Esto debe traducirse en nuevos estándares públicos. Si la política es servicio, ello debe reflejarse en los sueldos, el estilo de vida y las actitudes de nuestros funcionarios de todo rango. Por otro lado, este acuerdo también exige condenar moralmente a las religiones políticas, cuyo objetivo es sacralizar el poder estatal. Los nacionalismos extremos y el comunismo, por ejemplo, quedarían fuera de tal pacto.
Un segundo consenso debería cubrir el asunto de las necesidades básicas: que cada individuo tenga proyectos y preferencias propias no significa que tengan necesidades fundamentales diferentes. El acceso deficiente a ciertos bienes habilitantes (aquellos que nos ponen en posición de aprovechar o producir otros bienes más complejos) produce daños acumulativos e irreparables. Por lo mismo, debe existir una jerarquía de prioridades: es mucho más importante disminuir el analfabetismo funcional que asegurar la gratuidad universitaria. Si no hay prioridades claras, los que tengan más capacidad de presión siempre se impondrán.
Un tercer consenso debería abarcar la igual importancia de las capacidades individuales y colectivas, que no son polos opuestos, sino que se requieren mutuamente: sin una orientación hacia el bien común, la estrategia individual deviene en egoísmo, lo que a su vez hace colapsar la capacidad del grupo. Es toda la diferencia entre prevenir y acaparar: la adquisición responsable asegura que todos tengan acceso al bien, mientras que el egoísta solo crea problemas derivados de una escasez innecesaria. Por otro lado, la pura expectativa de que “el colectivo” se haga cargo de nuestros problemas inmoviliza a los sujetos, promueve el aprovechamiento y genera nuevos problemas. Al revés de lo que el mito soberanista propone, la capacidad de los estados es limitada, y es necesario permitir que se concentre en lo fundamental, en vez de abarcar mucho y apretar poco. Ello exige que, en lo posible, los individuos y cuerpos intermedios actúen con el mayor grado de responsabilidad propia.
Finalmente, un cuarto acuerdo debería considerar la importancia del pluralismo institucional. No deben estar todos los huevos en una misma canasta. La variedad de organismos, instituciones y asociaciones permite la flexibilidad necesaria para enfrentar distintos problemas y escenarios. Mantener viva dicha pluralidad, eso sí, exige reglas claras que prevengan la corrupción que busca aprovecharse de la opacidad que puede producir la diversidad de alternativas.
A partir de estos u otros puntos básicos se podrían acordar políticas públicas específicas para los próximos 20 años, generando así un horizonte de sentido que vuelva a darle ritmo y contenido a nuestra vida política. De lo contrario, hay un serio riesgo de pasar esos mismos 20 años rebotando entre proyectos tan cortoplacistas como irreales.
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