Columna escrita por Pablo Ortúzar en conjunto con Eduardo Engel, Director de Espacio Público, El Mercurio. 26.05.2017

La exposición pública del esquema de financiamiento del Partido Socialista ha generado una sensación de empate en relación con los cuestionamientos dirigidos a Sebastián Piñera por los potenciales conflictos de intereses que puede enfrentar en caso de ser elegido Presidente si es que no transparenta por completo sus inversiones y propone un modelo sólido de fideicomiso para ellas.

Esta sensación de empate es preocupante, pues emergen voces transversales que quieren dar el tema por superado, cuando los problemas de fondo asociados a los conflictos de intereses siguen pendientes. En ambos casos abundan quienes parecieran no comprender, más allá de su utilidad polémica, la naturaleza de los conflictos de intereses y las razones por las cuales es importante tanto para ellos como para nuestro orden republicano darles un adecuado tratamiento. Quisiéramos, entonces, revisar aquí estas razones.

Un conflicto de intereses emerge en una situación en la cual una persona o grupo se encuentra en una posición que le exige velar por un determinado interés, pero mantiene, al mismo tiempo, otros intereses que, aunque legítimos, pueden entrar en conflicto con los intereses por los cuales debe velar. Tener un conflicto de intereses no implica mecánicamente que uno vaya a dejar de cumplir con las exigencias de su rol, pero sí que hay incentivos para que ello suceda, lo que inevitablemente enturbia el ejercicio del rol y lo pone en entredicho. La confianza pública, entonces, se ve dañada por estos conflictos, y evitarlos va en beneficio directo de quien aspira a ejercer adecuadamente un rol.

En otras palabras, usando la famosa frase bíblica, nadie puede servir bien a dos señores, y es necesario renunciar a uno si se quiere servir correctamente a otro. Y esto se vuelve más importante todavía en un orden republicano, cuyo diseño, tal como se señala en "El Federalista", debe ser siempre riguroso en la fijación de contrapesos y controles que hagan posible y confiable el gobierno de los hombres por los hombres, en vez de esperar de los gobernantes y representantes virtudes angelicales.

Muchas veces los conflictos de intereses se manifiestan en situaciones donde no es posible determinar a cuál de los dos señores terminó sirviendo la autoridad. ¿El regulador fue menos estricto de lo habitual con la empresa que enfrentaba problemas de solvencia porque era lo mejor para el país o porque el presidente o su partido tenía inversiones en la empresa? Porque no tenemos cómo responder preguntas como la anterior, las democracias modernas han tomado medidas para evitar la necesidad de siquiera plantearnos dichas preguntas.

Fijar y ser capaces de hacer cumplir estándares rigurosos en la materia de los conflictos de intereses debiera constituir, entonces, una prioridad política para todos los ciudadanos de Chile. Y es que el gran desafío que nuestro sistema político y sus representantes enfrentan en este momento de la historia no es simplemente realizar elecciones, sino relegitimar el ejercicio de los cargos que se obtienen en esas elecciones. Nuestro poder público necesita recuperar autoridad. Y para ello resulta indispensable tomarse en serio los conflictos de intereses y no buscar falsos empates que dañan nuestra democracia o caer en la lógica partisana de desestimar todas las críticas como si ellas nacieran siempre de la mezquindad política, y no de una legítima y responsable preocupación compartida por todos los que piensan en el mayor bien de su país antes que en la ganancia de corto plazo de su propio bando.

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