Columna publicada el jueves 26 de octubre de 2023 por La Tercera. Cualquiera que vea el apasionado discurso del experto PS Gabriel Osorio criticando en duros términos el anteproyecto –“la Constitución está mala”– quedaría preocupado por el tenor de su crítica. Como han sostenido otros conspicuos adherentes de la izquierda chilena en un baile de eufemismos y tibiezas, la propuesta de Constitución no sería aprobable. A mí, por el contrario, me parece que es un texto desde el cual se pueden construir soluciones para varios de los problemas que aquejan al país. Hay, además, razones políticas de peso para cerrar el proceso constitucional con este texto, que es bueno visibilizar. Primero, la propuesta representa una oportunidad única para superar la inmovilidad de las clases dirigentes. El sistema político y electoral vigentes llevaron a que el Congreso se fragmentara en demasía, lo cual dificulta la gobernabilidad para quienquiera que ocupe La Moneda. Concluir positivamente el proceso en curso ofrece la posibilidad de establecer umbrales de representación y colaboración entre poderes, contribuyendo a resolver problemas a mediano y largo plazo. Segundo, la discusión constitucional ha paralizado al sistema político, posponiendo o relegando reformas en pensiones, seguridad, educación, salud y más. Es, de hecho, lo que subyace al confuso anuncio de la ministra Jeannette Jara de congelar la reforma de pensiones (estrategia similar a la que siguió Giorgio Jackson, quien por esperar el resultado del plebiscito de septiembre de 2022 dilapidó el capital político del gobierno). Cerrar el debate constitucional es crucial para retomar estas preocupaciones ciudadanas, ya sea proporcionando nuevas y mejores herramientas para enfrentarlas, o favoreciendo los acuerdos políticos que demanda el país. Tercero, y vinculado con el punto anterior, un nuevo fracaso en el proceso constituyente profundizará la deslegitimación institucional. La incapacidad de otorgar respuestas probablemente aumentará la desafección ciudadana hacia un sistema político que no cumple sus promesas, lo que afecta tanto al gobierno como a la actual oposición. De ahí que las actitudes de votar en contra de Gabriel Boric o de José Antonio Kast sean incorrectas: es el sistema político el que se encuentra cuestionado, y el daño caería sobre todos, no sobre un grupo en particular. Por último, el persistente panorama de incertidumbre en Chile, agravado por el estallido social y la crisis sanitaria, amenaza la recuperación económica y la inversión. Ya hemos visto al ministro Marcel (y a distintos actores nacionales e internacionales) apuntando a la falta de consensos políticos. La poca claridad obstaculiza el crecimiento, por eso, resolver la cuestión constitucional entrega certezas, cimenta la confianza en el sistema político y estimula la economía. Es cierto: el proceso constitucional no logrará cerrar por sí solo la crisis social ni las dinámicas nocivas de nuestra política. Las constituciones casi nunca sirven para tal propósito: más bien, ofrecen un modesto entramado institucional para que se despliegue el juego político, y poco más que eso. No son ni una varita mágica ni un Mentholatum que todo cura. La situación, desde luego, dista de ser perfecta, y cabe hacer una razonable llamada de alerta para las semanas que quedan, de modo de agotar los esfuerzos de cara a aminorar las tensiones y posibilitar el diálogo sobre el texto mismo. Aunque la tarea de reparar las bases de nuestra raída convivencia política seguirá siendo indispensable con independencia del resultado del plebiscito, conviene hacer todo lo posible para cerrar de la mejor manera posible el capítulo constitucional. *Este texto resume el informe Cerrar el capítulo constitucional. 4 claves para el debate.