Tras el rotundo fracaso de la Convención Constitucional, que tuvo lugar entre julio de 2021 y julio de 2022, las fuerzas políticas acordaron emprender un segundo intento luego del triunfo del ‘Rechazo’, con el objetivo de dotar al país de un nuevo pacto político. Se buscaba, de esa manera, cumplir la promesa de los partidarios del ‘Rechazo’ de lograr una “buena y nueva” Constitución a través de un proceso que incorporara las lecciones del fallido itinerario anterior y, al mismo tiempo, permitiera concluir la discusión constitucional con éxito y en un plazo relativamente breve.

Es cierto que el resultado de la elección de consejeros constitucionales convirtió al Partido Republicano en el principal responsable de la conducción de este proceso (aunque ciertamente no es el único), y que gran parte de los resultados —y de la evaluación que los seguirá— tendrá que ver con el modo en que aquel conglomerado ejerza su liderazgo. Pero dado que son mayoría, la derecha y la centroderecha enfrentarán en esta recta final el crucial desafío de integrar a muy diversos sectores, de modo que un número significativo de chilenos, con independencia de sus filiaciones políticas, puedan identificarse con el texto propuesto.

El panorama actual, sin embargo, es particularmente complejo. Estando en las etapas finales de este segundo intento, y conscientes de que no es ni posible ni conveniente un tercer proceso, aumentan los incentivos para que los partidos se desmarquen de su devenir y resultado, movidos, entre otras cosas, por atribuir una derrota al Partido Republicano. Por otro lado, y pese a ciertas fluctuaciones en las tendencias, la ciudadanía en general se ha inclinado por la opción ‘En contra’ para el plebiscito que tendrá lugar en diciembre de 2023. Aunque los escenarios cambian rápidamente, estos datos debieran ser motivo de preocupación para todos.

Reducir el plebiscito de salida a la mera evaluación del desempeño de los representantes del Partido Republicano o de las fuerzas de derecha en general no sería adecuado: después de todo, fue la clase política en su conjunto la que promovió un itinerario para cambiar la Constitución. Aunque la política siempre exige poner atención a las próximas elecciones (lo que explica que resulte tentador hacer fracasar el proceso para infligir daño a sus impulsores), el proceso constitucional requiere de una mirada a largo plazo que permita sentar las bases para comenzar a resolver nuestra crisis.

En concreto, mantener la cuestión constitucional abierta solo favorece a quienes profitan del desorden institucional desde ambos extremos del espectro político. Es curioso que dirigentes políticos o líderes de opinión que están en las antípodas, como Hugo Gutiérrez y Daniel Jadue, por un lado, y Vanessa Kaiser y Teresa Marinovic, por otro, se hayan desmarcado del proceso y manifiesten su voto en contra de la propuesta2 . En rigor, toda fuerza política comprometida con la institucionalidad debiera tener algún interés respecto del buen término de este último intento de cambio constitucional por medio de un órgano ad hoc.

Por supuesto, no se trata de votar ‘A favor’ de cualquier texto: el país no se puede permitir más imprudencia ni experimentos. El proyecto, tal y como lo conocemos a la fecha, no parece ninguna de las dos cosas y representa, más bien, avances importantes en diversas materias, como sistema político y partidos, seguridad, modernización del Estado y empleo público, mecanismos de participación ciudadana, medioambiente, un mecanismo de paridad electoral, entre otras. De ahí que la Comisión de Venecia haya manifestado su conformidad preliminar con el proyecto, a solicitud del Senado chileno. En realidad, pareciera que muchas de las críticas tienen que ver con quién redactó la propuesta, más que con su contenido. De ahí que sea indispensable una lectura de buena fe del texto.

El escenario actual exige levantar una señal de alerta para todos los actores políticos que, directa o indirectamente, se encuentran involucrados con el actual proceso o lo estarán en la próxima campaña para el plebiscito. Como se verá a continuación, es fundamental realizar todos los esfuerzos posibles para que este segundo intento —y último, al menos por un buen tiempo— llegue a buen puerto, permitiendo apaciguar la actual lucha fratricida que campea en la política y conectar nuevamente con la ciudadanía.

 

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