Columna publicada el 23.01.19 en Diario Financiero.

En términos estrictamente políticos, el proyecto de ley “Admisión Justa” fue un acierto. La Moneda retomó el control de la agenda, reposicionó aspectos relevantes de su ideario y, según las primeras cifras disponibles, logró conectar con la ciudadanía en un tema muy sensible. Esto último era previsible, considerando el trasfondo sociológico que –para muchos– explica el desencanto de la población con el gobierno anterior. Guste o no, nuestra sociedad ha otorgado un lugar preponderante al discurso del mérito y el esfuerzo personal. En este contexto, difícilmente podía consolidarse con éxito un sistema de admisión escolar tan centralizado y dependiente de la suerte. Las leyes deben ser comprensibles para los ciudadanos y, mal que le pese a cierta izquierda, el azar no es una respuesta suficiente para el 30% de los escolares que no quedó en su primera opción durante 2018.

Ahora bien, nada de esto debiera llevarnos a ignorar los puntos ciegos del debate. Por más adhesión que despierte el discurso meritocrático –un dato que no cabe ignorar–, su formulación habitual relega a un segundo o tercer plano a los más vulnerables. En este caso, a aquellos jóvenes que jamás podrán acceder a un liceo de excelencia. En palabras simples, la discusión actual remite a un porcentaje muy minoritario de la educación que ofrece el Estado. Naturalmente, son necesarios los colegios públicos de alto rendimiento académico, y siempre podrá decirse que ellos se convertirán en faros que estimularán el desarrollo de sus respectivas localidades. Pero también es sabido que los más necesitados suelen ser invisibles para el sistema político, y esta coyuntura pareciera confirmarlo.

Con todo, la mayor dificultad va por otro lado, y consiste en nuestra creciente tendencia a pedirle demasiado al sistema educativo. Llevamos más de una década trasladando a la escuela nuestras principales tensiones y disputas sociales y, al mismo tiempo, omitiendo las preguntas fundamentales: ¿qué es educar?, ¿para qué educar?, ¿quién debe educar?, ¿qué es una educación de calidad?, y así.  Desde luego, dilatar tales interrogantes tiene consecuencias. Por mencionar sólo un ejemplo, este panorama conduce a dar palos de ciego, tal como se observa en el llamado proyecto de “ley Machuca”, con el que la oposición buscó empatar la apuesta del Mineduc en materia de admisión escolar.

En efecto, era esperable que, tras años discutiendo sobre estos asuntos, los colegios particulares pagados salieran a la palestra, y sin duda sería conveniente una actitud más propositiva por parte de ese mundo. Sin embargo, el tipo de intervención social que subyace a la iniciativa opositora es muy delicada (no basta la coacción estatal para generar integración); confirma que se busca utilizar el sistema educativo para otros propósitos (modificar la configuración de la elite); y además envuelve una paradoja digna de atención. Tras años mirando con recelo la provisión mixta y el aporte de la sociedad civil en el suministro de bienes públicos –sobre todo en educación–, ahora nuestra izquierda propone un proyecto que necesariamente exigiría subsidiar con cuantiosos dineros fiscales a los colegios más pudientes. ¿Acaso no hay un mejor uso posible de los recursos públicos? ¿No convendría destinarlos, por ejemplo, a mejorar la educación estatal?

Todo esto arroja una conclusión tan elocuente como difícil de materializar: quizás convenga hablar, de una vez por todas, sobre qué podemos pedirle (y qué no) a la educación.