Columna publicada en Chile B, 14.01.2015

El caso PENTA estuvo ad portas de contaminar al Tribunal Constitucional (TC), y el culpable de esto sería Cristián Letelier, ex militante UDI y recién nombrado ministro del TC. Lo anterior se explica como sigue: Letelier, en ese entonces diputado y candidato a la relección, solicitó financiamiento para su campaña a Carlos Alberto Délano, información que, una vez filtrada, ha generado variadas críticas y reacciones. Por su parte, Letelier ha dicho que se ha intentado sembrar dudas sobre su designación en forma maliciosa, porque él jamás recibió dineros irregulares ni aportes del grupo PENTA, al punto que Délano ni siquiera habría respondido su petición.

¿Quién tiene razón? ¿Letelier o sus críticos? ¿Es cuestionable que alguien con los antecedentes de Letelier haya sido nombrado en el TC? ¿O más bien es cierto que, tras las críticas en su contra, existe cierta hipocresía y, por qué no decirlo, mala fe?

Para responder estas preguntas es necesario desarrollar un breve rodeo. Por lo pronto, debemos recordar que Raúl Bertelsen y Hernán Vodanovic finalizaron sus respectivos períodos como ministros del TC sin que el Senado nombrara a tiempo a sus reemplazantes (recién la semana pasada el Senado acordó la elección de Letelier y del abogado socialista Nelson Pozo). Pero lo más preocupante no fue la demora, sino el perfil de jueces constitucionales que habría buscado el Senado. Según informó la prensa, todos los candidatos para ocupar las vacantes disponibles fueron políticos profesionales o, en el mejor de los casos, abogados militantes y activos colaboradores de partidos. El objetivo, decía el rumor, era “evitar a los díscolos”, es decir, asegurar que los nuevos ministros fallaran ―ojalá siempre― conforme al sector político que promovía su nombramiento.

Ese rumor dejaba entrever en nuestros honorables una conducta sencillamente impresentable. Una cosa es pensar en juristas afines ―algo comprensible: el derecho es cualquier cosa menos neutral―, y otra bien distinta olvidar que aquí se trataba, antes que todo, de seleccionar a personas idóneas para el cargo; idoneidad que exige, además del cumplimiento formal de los requisitos legales, la necesaria competencia profesional y un mínimo de independencia de juicio. Teniendo en cuenta el creciente desprestigio de nuestra dirigencia política, lo esperable era que los senadores se esforzarán por demostrar que efectivamente estaban buscando a personas calificadas y mínimamente independientes ―por ejemplo, ofreciendo algún tipo de instancia pública o de participación ciudadana―, y no que siguieran socavando su credibilidad ni, menos aún, que pusieran en riesgo la del TC.

El problema es que, como sabemos, sucedió exactamente lo contrario. Nadie desmintió, ni en los hechos ni en las palabras, los rumores que crecieron en torno a este proceso y, por cómo se hicieron las cosas, a esta altura se hace muy difícil negar que se intentó elegir, entre gallos y medianoche, a quienes supuestamente más convenía desde la óptica partidista (óptica que, dicho sea de paso, es estrecha: como ha mostrado Patricio Zapata, tanto o más plausible que una división político-partidista de los ministros es atender, por ejemplo, a su actitud más o menos deferente ante el poder legislativo). En rigor, nadie conoce bien cuáles fueron los criterios por los que Letelier y Pozo fueron designados y esto, a quienes más perjudica, es a los nuevos ministros, porque el escenario descrito les impide hacer frente de modo adecuado a los cuestionamientos que están enfrentando ―mientras Letelier ha debido responder por lo de PENTA, Pozo enfrenta una acusación de plagio― o que eventualmente deberán enfrentar en el futuro.

Sin duda los problemas señalados exceden a Letelier y Pozo, pero su historial de militancia y el contexto en que fueron escogidos enrarecen aún más el panorama. Esto es particularmente claro en el caso de Letelier, que ha estado en el ojo del huracán los últimos días. Digamos que tanto a él como a sus críticos habría convenido un proceso de nombramiento público, transparente y serio, es decir, que permitiera hacer valer todo tipo de reparos, y también las réplicas correspondientes. Tal vez lo único bueno de todo esto es que, para adoptar medidas que mejoren este tipo de designaciones de cara al futuro, sólo se requiere un poco de voluntad política. Pero el tal vez, bien vale recordarlo, no está ahí por causalidad.